Policiales
Daniel Millapi seguirá en prisión
En la modalidad de videoconferencia se concretó la mañana del presente lunes la audiencia de revisión de la prisión preventiva que tiene como imputado a Daniel Millapi. El procurador de fiscalía solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado por el término de tres meses, o bien hasta que se realice la audiencia preliminar del caso. Por su parte la defensa consintió el pedido del representante de fiscalía. Finalmente, el juez resolvió mantener la prisión preventiva que cumple Millapi por tres meses o hasta que se concrete la preliminar, lo que ocurra primero.
Presidió la revisión Martín Cosmaro, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Facundo Oribones, procurador de fiscalía; en tanto que la defensa de Millapi fue ejercida por Sergio Romero, abogado particular del mismo.
En un primer momento el representante de fiscalía refirió que hoy vencía el plazo de prisión preventiva que pesa sobre el imputado y la etapa de investigación. Al finalizar la presente audiencia se presentará la acusación, continuó Oribones. Nada ha cambiado desde la última audiencia en marzo pasado, ni desde el control de detención el pasado 11 de enero. El Ministerio Público Fiscal ha reunido elementos de convicción suficientes para pasar la etapa preparatoria, se presentará la acusación del caso. El hecho es sumamente grave con la utilización de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada. Los antecedentes penales de Millapi, con libertad asistida desde octubre de 2021. Con una pretensión punitiva, en caso de recaer condena, de seis años y seis meses de prisión. Existe peligro de fuga por la gravedad del hecho y la pena que se espera, más el comportamiento del imputado en otros procesos. También mencionó el representante de fiscalía el peligro de entorpecimiento existente ya que se debe salvaguardar a las víctimas hasta el debate. Solicitando por todo esto se mantenga la prisión preventiva sobre Millapi por el termino de tres meses, o bien hasta que se celebre la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.
Por su parte el defensor consintió el pedido del representante de fiscalía. Adelantando que su pupilo iba a declarar, aunque él no se lo recomendaba. Seguidamente Millapi accedió voluntariamente a declarar refiriendo que “no utilizó un arma de fuego, sino que fue a recorrer un lugar porque no tenía trabajo”. Ve un domicilio y patea la puerta, “estaba necesitado por eso salí a robar”. Aclarando que “no se encontró con un policía, ni le robó el arma a algún policía”.
Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva por tres meses de Millapi, o bien hasta que se lleve adelante la audiencia preliminar, lo que ocurra primero. Esto en virtud del pedido de la fiscalía, y la no oposición de la defensa. Asimismo, se dan los mismos recaudos que en el inicio del proceso, el peligro de fuga por las características graves del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento. Millapi estaba en libertad asistida al momento de cometer este hecho, y existe peligro de entorpecimiento, aseguró por último el juez.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
