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¿En qué consiste el análisis socioeconómico del Refuerzo de Ingresos?

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El Refuerzo de Ingresos es una política destinada a las personas que más lo necesitan. Por esta razón, es que se realizará un análisis socioeconómico de quienes se inscriban. Excepto a las y los jubilados y pensionados que cobrarán el Refuerzo de Ingresos de 12.000 de pesos en forma automática, junto con su haber de mayo.

Para poder identificar con mejor precisión quiénes son las y los destinatarios a los que les corresponde este Refuerzo, se va a requerir a las y los solicitantes que completen, al momento de finalizar su inscripción, una declaración jurada sobre su patrimonio y sus condiciones de actividad laboral e ingresos mensuales.

En el caso de las y los jóvenes de entre 18 y 24 años, además, se tomará en cuenta la situación de sus padres. Esto será así debido a que hay muchas chicas y chicos que pueden no tener registro de ingresos en las bases de datos porque están estudiando y aún están a cargo de sus madres o padres. En este caso, se pondrá como límite que el grupo familiar tenga ingresos mensuales de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles, que es el mismo parámetro que tiene la beca Progresar.

Es importante resaltar que el Refuerzo de Ingresos está destinado a quienes más lo necesitan y no a personas que se encuentren en una buena situación económica, pese a no contar con ingresos formales. Un ejemplo típico sería el de aquellos hogares en los que un solo miembro de la pareja trabaja fuera del ámbito doméstico y, aun así, percibe altos ingresos (hogares de profesionales, trabajadores jerárquicos o con altos salarios, magistrados, etc.). Por más que en esos casos haya una persona que aparezca como no registrada (frecuentemente la mujer, pero no necesariamente), eso no le acarrea condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que es un requisito excluyente para solicitar este Refuerzo.

Por eso se solicita a quienes se inscriban que sean responsables al aceptar los términos de la declaración jurada, que luego se cruzará con las diferentes bases de AFIP, Migraciones y de otros organismos. Esta declaración jurada es una herramienta legal que permitirá a la ANSES recuperar cobros indebidos en caso de que fuera necesario.

El Refuerzo de Ingresos de 18.000 pesos por persona es un esfuerzo muy importante que realiza el Estado nacional. Por ende, esta Administración debe realizar el proceso con la mayor transparencia y responsabilidad para que el Refuerzo llegue a quienes debe llegar.

Entre la información que se va a verificar se van a cruzar datos sobre condición patrimonial, de ingresos, de consumos y gastos con tarjeta de crédito y débito en los pasados 6 meses. También se va a cruzar la información de residencia y de cobertura de prepagas y, para las personas sin registro de ingresos por las actividades de monotributistas o casas particulares, se va a observar la cobertura de salud.

De este modo, una vez realizado el análisis socioeconómico, éstos serán los motivos por los cuales a una persona puede no corresponderle el Refuerzo de Ingresos:

​ ​ ​ • Ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia

​ ​ ​ • Ser monotributista categoría “C” o mayor

​ ​ ​ • Ser autónoma o autónomo

​ ​ ​ • Ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado

​ ​ ​ • Tener menos de 18 o más de 65 años

​ ​ ​ • Tener una prepaga

​ ​ ​ • Que sus ingresos mensuales sean superiores a 77.880 pesos​ (2 salarios mínimos vitales y móviles)

​ ​ ​ • Que sus consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito son superiores a 77.880 pesos (dos SMVM)

​ ​ ​ • Ser propietaria o propietario de un automóvil con valuación fiscal superior a 1.401.840 pesos

​ ​ ​ • Ser propietaria o propietario de más de un automóvil

​ ​ ​ • Ser propietaria o propietario de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad

​ ​ ​ • Ser propietaria o propietario de más de una vivienda

​ ​ ​ • Ser propietaria o propietario de una aeronave

​ ​ ​ • Ser propietaria o propietario de una embarcación de más de 9 metros de eslora

​ ​ ​ • Que en 2021 haya declarado Bienes Personales superiores a 3.738.240 pesos

​ ​ ​ • O bien tener entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de sus padres superan el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

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El Gobierno del Chubut avanza en la reforma del Código Procesal Penal

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Con amplio acompañamiento de expertos provinciales y nacionales, comenzó en la Legislatura del Chubut el debate del proyecto que busca mejorar la seguridad pública en toda la provincia.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles una jornada informativa para abordar detalles de la Reforma del Código Procesal Penal que tiene como objetivo principal contribuir a mejorar la seguridad pública de la provincia. La misma se realizó en el recinto de la Honorable Legislatura del Chubut, y fue organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Durante la jornada, estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, Gustavo Menna; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; y el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner; habiendo contado también con una amplia participación de diversos integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.

“Terminar con la puerta giratoria”

En la apertura de la jornada, el ministro Iturrioz celebró “la celeridad que se intenta darle al proceso penal”, y sostuvo que “la primera modificación está vinculada con el procedimiento de enjuiciamiento en flagrancia o juicio rápido».

«En estos casos, se habla de la posibilidad de hacer la acusación en forma oral durante la audiencia de control de detención y la apertura de investigación procesal», señaló Iturrioz, añadiendo que «tuve la oportunidad de litigar con este procedimiento rápido y lo celebro porque quita la faz burocrática del sistema”.

Continuando, refirió que “el efecto inmediato en la seguridad es que se termine con la ‘puerta giratoria’, que hoy por hoy hace que el autor de un ilícito recupere la libertad casi inmediatamente, mientras que el denunciante y la Policía quedan atados a las tareas procesales”.

En tal sentido, consideró que “la sociedad chubutense demanda seguridad y prevención, y si logramos mejorar esas situaciones, el sistema punitivo estatal de la Justicia va a estar menos congestionado”.

“Estas reformas van a agilizar los procesos, haciendo que se respete el plazo de 48 horas, porque nos permitirán llevar el informe de las cámaras y pedir un juicio rápido», explicó el titular de la cartera provincial, quien también agregó: «El sistema procesal consiste en coordinar acciones para lograr una mayor efectividad, y es por eso que soy partidario de la realización del juicio rápido”.

Participación del jefe de la Policía del Chubut

Asimismo, y en un hecho inédito para una actividad de estas características, el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, tuvo la oportunidad de manifestarse en la Legislatura para fijar la posición institucional de la fuerza que preside.

Al respecto, expresó que “los policías somos los operadores primarios del sistema», se mostró muy satisfecho por la invitación a disertar en el recinto, ya que «no hay antecedentes de anteriores Comisiones que hayan convocado a los jefes policiales para que brinden su opinión”.

“Entendemos como beneficiosa la modificación para achicar los plazos y suspender el juicio a la audiencia preliminar teniendo en cuenta, como decía el ministro Iturrioz, que nos insume muchos recursos humanos y materiales”, reconoció García.

Además, valoró la modificación que se pretende incluir con la creación del juez de flagrancia. “Hace pocas semanas en Trelew, una mujer fue víctima de un despojo de sus pertenencias de manera violenta, y pesar que la Fiscalía solicitó el juicio rápido, los jueces lo denegaron”, expresó el funcionario provincial, detallando que “en estos casos puntuales, sería necesario contar con un juez de flagrancia”.

Cierre y agenda futura

El cierre de la jornada estuvo a cargo del procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, quién resaltó que a lo largo de los sucesivos debates se buscó determinar la pertinencia de los diversos instrumentos legislativos que, en un marco de mayor dinamismo, permitan a las autoridades judiciales contar con herramientas legales a través de las cuales poder hacer frente a la creciente ola delictiva.

De igual manera detalló que, en una próxima instancia, los diputados evaluarán este proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales para sacar su dictamen y, posteriormente, avanzar en el correspondiente tratamiento parlamentario dentro del recinto.

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Policiales

Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados

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La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.

Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.

La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Importante perjuicio económico y moral a la provincia

El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.

Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.

El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.

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