Policiales
Hurto de vacunas: las cámaras de seguridad del Hospital Regional serán incluidas en el Centro de Monitoreo
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, calificó como “extremadamente grave” el hurto de 30 dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y aseguró que “se han activado todos los mecanismos porque vamos a ir a buscar a los responsables”.
En una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de fiscales, Juan Carlos Caperochipi, y el responsable de la División de Investigaciones, Pablo Lobos, en la Unidad Regional de la ciudad, el funcionario adelantó que como “ha fallado la custodia” de las vacunas Sputnik V, las cámaras de seguridad que funcionan en el nosocomio serán “incluidas en el Centro de Monitoreo para tener un soporte de 25 días y no de 4 como ahora”.
El ministro consideró además que para un mayor resguardo de las dosis “se requiere presencia de personal de seguridad de este Ministerio”.
Massoni agregó que se trata de un hecho “totalmente nefasto para la ciudadanía y entendemos que puede haber sido generado por empleados públicos”, por lo que se realizaron 15 allanamientos en distintos domicilios y el secuestro de teléfonos celulares “de los que pueden llegar a surgir elementos que nos posibiliten determinar quiénes han tenido responsabilidad”.
“Acá había un delito manifiesto, vacunas que debían estar bajo el resguardo de una persona responsable y en un lugar en el cual debían tomarse todas las medidas de seguridad”, señaló el ministro y lamentó que “hayan transcurrido dos semanas (entre el día que se cometió el hecho y la denuncia) porque genera un impedimento para llegar rápido a los responsables”.
Allanamientos en Comodoro
El jefe de fiscales, Juan Carlos Caperochipi, dio precisiones sobre el avance de la investigación e indicó que “se inicia el 8 de febrero tras una denuncia presentada por la directora del Área Programática Sur en el Ministerio Público Fiscal”.
Aclaró que “ha existido una demora por causas que no hemos podido establecer pero que se están averiguando entre el acaecimiento de estos hechos, que han sido entre el 26 y 27 de enero, y la presentación de la denuncia”. En ese orden, manifestó que ese tiempo transcurrido “nos condiciona en la obtención de la prueba”.
El fiscal explicó que si bien el hecho “está calificado bajo la carátula de hurto, el bien jurídico que se afecta no es solo la propiedad sino también toda la cuestión sanitaria y la seguridad de las personas en el marco de la pandemia, por lo que no descartamos un cambio de calificación”.
Caperochipi aseguró que profundizarán la investigación “sobre todas aquellas hipótesis que tengan que ver no solo con quién tomó esas vacunas o las hurtó sino también en todos los elementos que no estuvieron presentes para preservarlas desde el punto de vista de su cuidado y cadena de circulación de esas vacunas”.
Reveló que los 15 allanamientos que se llevaron adelante este martes en Comodoro “eran necesarios y urgentes”. Destacó que “se desarrollaron con normalidad, en términos ejemplares eran empleados públicos y hubo un comportamiento correctísimo de la Policía”.
El jefe de fiscales también aclaró que “las cámaras de seguridad no arrojaron resultados positivos que permitan orientar la búsqueda”.
60 efectivos afectados
El jefe de la División de Investigaciones Policiales, Pablo Lobos, precisó que en dichos allanamientos “se secuestraron únicamente celulares, que serán analizados para ver qué resultados obtenemos”.
El funcionario policial manifestó que “para llevar a cabo estas diligencias se reunió cerca de 60 efectivos”.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
