Policiales
La Policía del Chubut rescató a víctimas de explotación laboral en una estancia
Vivían en un tráiler que solía utilizarse para trasladar caballos, no tenían agua potable y presentaban cuadros de deshidratación, junto a otros problemas de salud. Les prometieron una asistencia diaria pero los abandonaron durante 3 semanas en el medio del campo. En total, se identificó a 23 trabajadores que fueron perjudicados por la situación.
La División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía del Chubut, dependiente de la División Drogas de Esquel, desarrolló un operativo en una propiedad de ‘Pocitos de Quichaura’, en la zona de Tecka donde se localizó a 5 personas que denunciaron que fueron engañados por una oportunidad laboral y vivían en pésimas condiciones. A su vez, se identificó y tomó entrevistas a un total de 23 personas, oriundas del norte del país, que resultaron perjudicadas también por la situación.
La investigación se originó a través de un llamado que alertó a la División Trata de Personas sobre el hecho, y se comprobó que las personas permanecían en un campo sin contar con los insumos para la supervivencia básica, como agua y alimentos, entre otros.
Además, se los había ubicado en un tráiler que solía utilizarse para el traslado de caballos, dentro del cual se habían distribuido unos cuantos colchones en el suelo.
Cuadros de deshidratación y graves problemas de salud
El operativo tuvo que agilizarse debido a que varias de las víctimas presentaban un estado de deshidratación y estaban en un mal estado de salud. Ante este cuadro, la División Trata de Personas realizó el rescate de los damnificados, quienes trabajaban en extensas jornadas laborales y pernoctaban, hace 3 semanas, a 42 kilómetros del casco de la estancia, donde no existen caminos ni insumos básicos, y permanecían por tanto en condiciones infrahumanas de vida.
Las víctimas habían recubierto un carro con recortes de lona, nylon, restos de telgopor y maderas atadas con alambre para improvisar las divisiones de las camas cucheta para pasar los días.
En las cercanías se comprobó la existencia de un pozo de 60 x 70 centímetros de diámetro, de dónde extraían agua para el consumo diario como así también para higienizarse. Había restos de animales muertos a pocos metros de distancia, lo que generaba un riesgo sanitario para las personas que estaban en el lugar.
Los damnificados revelaron que uno de los encargados del campo les había ofrecido una asistencia cotidiana, pero luego no se hizo presente a lo largo de las 3 semanas que los trabajadores estuvieron en el medio del campo.
El operativo policial fue autorizado por la Justicia Federal y se contó con la coordinación del Área Drogas y Leyes Especiales con el despliegue en terreno de la División Antinarcóticos Esquel, la División Trata de Personas, los jefes de la Unidad Regional Esquel, la comisaría Tecka y la Subsecretaria de Trabajo y Programa de Rescate y Asistencia de Víctimas Trata Personas a cargo de la coordinación del Dr. Albarenga.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
