Policiales
Secuestraron cocaína, marihuana, armas y dinero en operativos en Comodoro, Sarmiento y Esquel
Como resultado de los procedimientos, detuvieron a cuatro personas y otro hombre fue imputado. Además, se secuestraron vehículos y diversos elementos de interés para las investigaciones que se extendieron durante 3 meses. En Sarmiento y Esquel, se comprobó que distribuían las drogas en sus motos particulares.
La Policía del Chubut realizó importantes procedimientos de drogas en Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Esquel. En un total de diez allanamientos, se secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos, altas sumas de dinero en efectivo y diversos elementos de interés para las investigaciones. Un hombre fue imputado y otras cuatro personas quedaron detenidas.
Allanamientos en Comodoro
Como resultado de una investigación de 3 meses, la Policía del Chubut –a través de la División de Drogas de Comodoro Rivadavia- llevó adelante cuatro allanamientos en viviendas particulares de esa ciudad.
Se logró comprobar que un grupo de personas organizadas se dedicaban a la comercialización y venta al menudeo de las sustancias prohibidas en las casas particulares y también se realizaba la distribución en la zona sur, centro y norte de la ciudad.
En total, se detuvo a dos personas, se secuestraron más de 460 dosis de marihuana que estaban preparadas para la venta, un vehículo, 2 balanzas de precisión, una alta suma de dinero en efectivo, varios celulares y otros elementos de interés para la causa.
Intervino la División Drogas de Comodoro Rivadavia, el GEOP y Operaciones. El operativo lo supervisó el jefe del Área Drogas de la Policía del Chubut, el comisario inspector Mauricio Zavala quien valoró el acompañamiento de la Fiscalía y el Juzgado Federal que permitieron la inmediatez de los procedimientos que arrojaron resultados satisfactorios.
Sarmiento: detenidos, secuestro de armas y amenazas
Por su parte, la División Drogas de Sarmiento también concretó cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad en los que se detuvo a dos hombres. En una de las intervenciones, uno de los sujetos amenazó a un efectivo policial con un arma de fuego, luego intentó descartarse del arma y escapar de la zona. En su huida, intentó descartarse de los envoltorios con cocaína.
Además, se secuestró una moto, una elevada suma de dinero en efectivo, 20 envoltorios de cocaína y marihuana listos para su comercialización y 5 armas de fuego. En los procedimientos, se incautó un proyectil de mortero 81 mm. en el que se contó con la intervención especializada de la División de Explosivos de la Policía del Chubut.
La investigación se extendió durante dos meses y medio a través de la cual se pudo establecer que los dos hermanos se dedicaban a la comercialización de las sustancias prohibidas en sus propias casas, pero también las distribuían a otros sectores de la ciudad con la utilización de su moto particular.
Asimismo, se estableció que la pareja de uno de los sujetos también se dedicaba a las mismas actividades ilícitas e incluso facilitaba drogas para la venta a su hijo mayor que vive en las inmediaciones.
Este operativo contó con la participación de la División de Drogas de Sarmiento, GEOP, la División de Seguridad Rural Sarmiento y el personal de la comisaría local.
Operativo “Mole” en Esquel: un imputado
La División Drogas de Esquel realizó dos allanamientos en los que se secuestraron 100 dosis de cocaína, 48 envoltorios de marihuana, 25 blisters de medicamentos que se utilizaban para el “estiramiento” de las drogas, una balanza, un teléfono celular, anotaciones y otros elementos de interés para la investigación en marcha.
Se comprobó que un hombre de 34 años vendía sustancias prohibidas en su casa y también efectuaba la distribución por distintos sectores a bordo de su moto particular.
El personal policial logró determinar que utilizaba como fachada la discapacidad visual de su madre dentro de su vivienda para llevar adelante acciones delictivas. Se interceptó al individuo a quien se le incautaron 7 envoltorios de marihuana y otro de cocaína.
En los procedimientos, se contó con la colaboración del personal de Infantería. Intervinieron la Fiscalía y el Juzgado Federal. Se estableció la imputación del hombre, pero queda vinculado al proceso judicial en curso.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
