Policiales
Amenazaba mediante cartas anónimas a soldadas voluntarias para que se retiraran y está siendo enjuiciado
En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrolla un juicio oral y público contra el sargento ayudante Pablo Ernesto Franco (46), imputado por la fiscalía como presunto autor del delito de amenazas coactivas agravadas. El imputado se desempeña como Sargento Ayudante de la Batería Comando y Servicio del Grupo de Artillería Blindado 9, en la Guarnición Militar de Sarmiento. La fiscalía lo acusó a raíz de la denuncia de dos mujeres- ex soldadas voluntarias- quienes sospechan que el imputado utilizó cartas anónimas y redes sociales, para amedrentarlas con el objetivo de que renuncien al Ejército Argentino y abandonen la ciudad. Para las audiencias de debate fueron convocados dieciséis testigos.
«Ji, ji, ji»
En el inicio de la primera audiencia de debate, presidido por el juez Ariel Quiroga, la fiscal Andrea Vázquez, presentó su teoría del caso. En ese sentido, repasó los hechos registrados en la pieza de acusación pública.
La investigadora, recordó que la causa se inició a raíz de la situación ocurrida el 21 de septiembre de 2017, a las 05:00, en el alojamiento femenino, ubicado en la Guarnición Militar de esta localidad. Según los investigadores, en esa oportunidad, el sargento Franco, amedrentar a una soldada voluntaria, que cumplía funciones en la misma batería.
Para la fiscalía, el objetivo del sargento del Ejército Argentino, era lograr que la mujer deje su lugar de trabajo y abandone la ciudad. Asimismo, indicaron que el sospechoso era superior jerárquico de la víctima.
En otro orden, sostienen que para lograr su cometido, Franco, utilizó una carta manuscrita, ocultando su identidad. En esa misiva, el imputado amenazaba a su subalterna. Algunas frases de la carta expresaban “… vos no aprendés más, me vas a pagar el no haberte ido de Sarmiento….cuídate bien de todo, porque donde te encuentro y te descuides, te hago desaparecer del mapa, ji, ji, ji…»
Este mensaje provocó mucho temor en la víctima. Por ello, efectuó la denuncia correspondiente y puso en conocimiento de la situación a sus superiores.
En este marco, Vázquez, agregó que con su accionar el imputado, no solo logró amedrentar y causarle temor, sino que, además, la mujer solicitó el traslado de destino, hasta que finalmente pidió la baja de la institución.
Dos días después, un hecho de características similares, se registró en el Comando de la IX Brigada de Infantería, ubicado en la Avenida Rivadavia y calle Mitre de Comodoro Rivadavia.
En esa ocasión, la víctima había sido trasladada a esa dependencia-en forma temporal- a fin de proteger su integridad física, con motivo de las amenazas recibidas por parte del acusado.
En tanto, en la tarde del sábado 23 de septiembre de 2017, a las 17:30, en el estacionamiento de visitas ubicado en la calle Mitre, el imputado dejó un nuevo mensaje manuscrito.
El método elegido fue enganchar un sobre en la compuerta trasera del vehículo de la denunciante.
En este escrito (anónimo), el procesado, expresó nuevas amenazas. Algunas de las más importantes fueron:”. yo me voy a encargar de que te amargues ahí adentro y la pases muy mal en cualquier lado que te mande ese bigotudo, que se cree general». Luego agregó «…nadie te cree y nadie se va a preocupar por vos…no vales la pena y ojalá nunca te recibas y te cagues de hambre por covachera, ji, ji, ji.»
En esta línea de investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal, afirmó que la víctima tuvo conocimiento del lugar en el que se encontraba la carta, debido a que su pareja recibió un mensaje de la red social Facebook. A través del sistema Messenger, una persona- con el perfil social falso bajo el nombre de «Mocha Pocha»-, le refirió donde había dejado ubicado el sobre.
Asimismo, el tercer hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2017. Esta vez, la carta de amenazas, fue hallada en el garaje de la familia de la segunda víctima, que también se desempeñaba como soldado voluntaria en la Guarnición Militar de Sarmiento.
En esta misiva, -entre varios insultos y amenazas- el procesado le habría expresado «…cuídate bien vos y a tus pobres hijitos, ellos no tienen la culpa, pero la madre si…no voy a descansar, ya me saqué de encima a tu amiguita, y con vos va a ser más fácil, porque sé que querés más a tus hijos que a tu trabajo…no me importa que tu papito sea principal…hacemela fácil y ándate de una vez si no querés pasarla mal…» En esta carta, también estaba escrita la onomatopeya “ji,ji,ji” .
Por último, la jefa de fiscales, refirió que la calificación legal de esta caso contra Pablo Franco, es la presunto autor del delito amenazas coactivas agravadas por ser anónimas y con el propósito de obligar a una persona) a dejar su lugar de trabajo; y por ser anónima y con el propósito de obligar a una persona a dejar su lugar de trabajo y su residencia habitual, dos hechos (tres hechos en concurso real), en carácter de autor material (Artículos 45, 55, 149 ter inciso 1° y 149 ter inciso 2° «b» del Código Penal.
A su turno, el acusado, utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso. Franco, se refirió a sus circunstancias laborales y a las actividades que realizó durante las fechas en las que habrían ocurrido los hechos.
En tanto, la postura inicial del Ministerio Público de la Defensa, fue expresada por el abogado Gustavo Oyarzun. El defensor, consideró que la parte acusadora, no cuenta con el mínimo caudal de evidencias, para lograr probar los hechos que le atribuye a su asistido. En consecuencia, sostuvo que, por la falta de pruebas, al concluir el juicio, corresponde dictar la absolución del acusado.
Testigos. “Ya metí un gol, me faltan dos”
Los testimonios más relevantes de la jornada, correspondieron a las dos ex soldadas voluntarias, que presentaron las denuncias contra su superior jerárquico en el año 2017.
La primera testigo, se presentó mediante el sistema de videoconferencia, desde la ciudad de Rawson. En este contexto, la víctima, recordó diversos episodios de amenazas y persecución, que padeció durante ese período en el que se desempeñó laboralmente como soldado en el Grupo de Artillería de Sarmiento.
A ello agregó, que sus sospechas con respecto al imputado, se basaban en la actitud que tomó el sargento Franco, luego que ella presentara las cartas de amenazas ante sus superiores y efectuará la denuncia en una sede judicial. También se refirió a las situaciones de miedo que le provocó la situación. Estos padecimientos la llevaron a tomar la decisión de solicitar la baja del Ejército, afirmó.
Por otra parte, la segunda víctima, se refirió a la carta con amenazas, encontrada por sus padres, en el garaje de la vivienda familiar, y a los mensajes agraviantes que recibió en una red social.
Con respecto a sus sospechas contra el acusado, recordó que una ocasión, el sargento Franco, ingresó a un sector de la dependencia, donde la ex soldada voluntaria se encontraba con una compañera de trabajo. Allí, el imputado manifestó “…que bueno, ya metí un gol, ahora me faltan dos”.
En este contexto, la testigo, interpretó que el acusado se refería a su ex compañera de trabajo, quien había sido trasladada al Comando de la IX Brigada de Infantería de Comodoro Rivadavia, por el temor que le habían generado las cartas con amenazas recibidas los días previos.
Por último, se informó que mañana desde las 08:00, continúa la ronda de testigos.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
