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Asumió el nuevo jefe regional de la PSA
Este martes, el intendente Juan Pablo Luque participó del acto de puesta en funciones del inspector Mario Chiófalo como jefe de la nueva Unidad Operacional Preventiva de Comodoro Rivadavia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En ese contexto, valoró la labor conjunta entre las fuerzas federales y el Municipio en el marco de la pandemia.
La ceremonia se desarrolló en instalaciones del Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Maximiliano Sampaoli; el director nacional de la PSA, José Glinski; el ex intendente y precandidato a senador por el Frente de Todos, Carlos Linares; y miembros de distintas fuerzas de seguridad.
Cabe destacar, que la Unidad Operacional Preventiva de Comodoro Rivadavia de la PSA se creó recientemente a través de la decisión política de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic con el objetivo de optimizar la labor de dicha fuerza en la región.
Al respecto, el mandatario municipal puso en valor “la tarea en conjunto que se viene llevando adelante con la PSA y las distintas fuerzas federales en esta etapa de pandemia, que nos llevó tanto tiempo y esfuerzo para sacar adelante a Argentina y particularmente a los comodorenses. Como intendente, estoy muy agradecido y felicito a los hombres y mujeres que vienen trabajando a destajo”.
“La PSA cumple un rol fundamental, nos ayudan y están predispuestos permanentemente para formar un gran equipo para enfrentar una de las situaciones más adversas e imprevisibles que nos tocó vivir, con esta pandemia, junto con otras fuerzas, la Municipalidad y el personal de salud”, recalcó.
En ese sentido, agregó que “no hubiéramos podido mantener la posibilidad de salir adelante si no hubiera sido por esta enorme labor conjunta, con la colaboración de hombres y mujeres que, con generosidad y solidaridad, dejaron de lado la función habitual para poner un esfuerzo extra en beneficio de nuestra gente”.
Continuando en esa línea, el jefe comunal manifestó que “actualmente, estamos en la etapa de vacunación, con mayores esperanzas y cerca de llegar a una normalidad, pero no debemos olvidarnos del compromiso que asumieron los miembros de la PSA, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, trabajando juntos como lo vienen haciendo, y de la conducción nacional, que estableció avanzar de esta manera”.
Del mismo modo, destacó a José Glinski, “un comodorense comprometido que creó esta Unidad Regional en la zona sur de la Patagonia, con sede central en Comodoro Rivadavia, una acción trascendental para la lucha importante contra el delito, que nos llena de orgullo y tranquilidad”.
“Observamos diariamente la tarea que desarrolla la PSA, utilizando tecnología de última generación al servicio de la comunidad, con un gran profesionalismo y compromiso. Esta es una bisagra para seguir avanzando en una agenda que nos permitirá crecer en el futuro como ciudad y como región”, concluyó Luque.
“Comodoro es una ciudad referencia”
Por su parte, Glinski sostuvo que “estamos muy orgullosos por la tarea que vienen realizando los integrantes de la fuerza en este año y medio que llevamos de gestión. Nuestra institución fue creada hace 16 años por decisión de Néstor Kirchner y hoy es un ejemplo para la sociedad y para todas las fuerzas de seguridad”.
“Logramos la apertura de esta nueva Unidad porque la ministra de Seguridad tomó nota de la necesidad de que en Comodoro se emplace una nueva sede que abarque el sur de la provincia del Chubut y las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego”, explicó.
En ese contexto, afirmó que “los patagónicos sabemos de las distancias que tenemos en la región y de la necesidad del transporte aéreo para conectarnos con el resto de Argentina, por ello la importancia de esta Unidad. La elección de Comodoro Rivadavia no es casual, es la ciudad más importante de la región, al menos en su lado este, es referencia y está en constante crecimiento”.
Finalmente, el director nacional de la PSA argumentó que “nosotros venimos a acompañar este crecimiento, que no es solamente demográfico, sino que es una ciudad que genera dirigentes de diferentes ámbitos, sin olvidarnos de los recursos. Además, está recuperando su autoestima, que fue castigada durante mucho tiempo y desde hace algunos años recuperó la voluntad de ser una sociedad que lidere a gran parte de la región”, argumentó.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
