Policiales
Chubut: 67 conductores fueron retirados de la vía pública por alcoholemias positivas
El Gobierno del Chubut dispuso diversos operativos de alcoholemia llevados a cabo durante el fin de semana en distintos puntos estratégicos de la provincia junto a Policía del Chubut.
Se verificaron 4.991 vehículos en circulación, en las cuales se realizaron 1.224 test de alcoholemia detectando a 67 conductores alcoholizados y 1 bajo efectos de sustancias psicoactivas de un total de 2 muestras. Además, se confeccionaron 146 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito con 72 vehículos retenidos.
Trelew: 31 alcoholemias positivas
En la ciudad de Trelew, se detectaron a 31 conductores alcoholizados sobre un total de 359 test de alcoholemias realizadas. Los controles se llevaron a cabo en el casco urbano y periferia de la ciudad, como asimismo en el intercambiador de Ruta Nacional 25 y 3 en el acceso sur de la ciudad. En total fueron verificados 1.362 vehículos. Las infracciones a la Ley de Tránsito fueron 37 y las retenciones vehiculares fueron 31.
Comodoro Rivadavia: 18 alcoholemias positivas
En Comodoro Rivadavia, los operativos se llevaron a cabo en el casco céntrico como así también en distintos puntos de la periferia, como en el acceso oeste de la ciudad por Ruta Nacional 26 y 3 -acceso sur-.
En total se verificaron 1.207 vehículos en circulación, se realizaron 275 test de alcoholemia, detectando a 18 conductores en estado de ebriedad. Se efectuaron 48 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito con 10 retenciones vehiculares.
Rawson: 7 alcoholemias positivas
Los controles se desarrollaron en la Avenida 9 de Julio intersección Rivadavia y sobre la Avenida 25 de Mayo. Se verificaron a 331 vehículos en circulación, se detectaron 7 conductores con alcoholemia positiva de 172 test realizados. El total de infracciones fue de 9 y 7 retenciones vehiculares.
Esquel: 6 alcoholemias positivas
Se llevaron a cabo controles en ruta Nacional 259 que une Esquel con Trevelin, además de distintos operativos de fiscalización en el casco urbano de la ciudad. En total realizaron 265 test de alcoholemia de los cuales se detectó a 19 conductores conduciendo alcoholizados. El total los vehículos verificados durante el fin de semana fueron 1.170 y se labraron 25 actas de infracción y 14 vehículos retenidos.
Lago Puelo – El Hoyo – El Maitén: 1 alcoholemia positiva
Se controló un total de 658 vehículos, se realizó prevención sobre la RP 16 y RN40 en el P42 límite con la provincia de Río Negro, en la RP 40 en cercanías del Puente Salamín de El Hoyo y en el acceso a la localidad de El Maitén. Se labraron 16 actas de infracción a la Ley de Tránsito.
Puerto Madryn – Puerto Pirámides: 4 alcoholemias y 1 narcolemia positiva
Se controlaron 152 vehículos y los mismos fueron realizados en distintos puntos del casco urbano de la ciudad de 152 test de alcoholemia 4 conductores dieron positivo por alcohol en sangre, en tanto de 2 narcotest 1 dio positivo por THC.
En Puerto Pirámides se realizaron tareas preventivas controlando a 62 vehículos en circulación.
Dolavon
En la localidad de Las Norias se controlaron a 49 vehículos en circulación sobre la traza de Ruta Nacional 25 en el ingreso a la localidad.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
Policiales
Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
