La jueza de garantías Mirta Moreno resolvió abrir la investigación por nuevos hechos y además imputar a más personas en la causa que investiga la adquisición irregular de elementos y alimentos que en principio iban a ser destinados a la emergencia climática que vivió la ciudad de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año pasado.

Los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams realizaron la descripción de cinco hechos que consideran ilegales y que involucra a ex funcionarios provinciales y a proveedores del Estado. En algunos casos los elementos adquiridos por el gobierno de entonces nunca llegaron a destino. En otros casos se pagaron sobreprecios a cambio de retorno de dinero que los proveedores entregaron en mano a algunos de los funcionarios involucrados.

Se trata de la adquisición de leña, colchones, frazadas, pañales, alimentos secos, fardos de pasto, pañales y agua mineral, entre otros. Los imputados por estos hechos son los ex funcionarios Alberto Gilardino, Vanina Barale, Marcelo Suárez, Diego Correa, Diego Lutter, Leticia Huichaqueo. Por parte de los proveedores, los nuevos imputados son Marta Franco, Cecilia Sadava, Bruno Taurelli, Estanislao Giniguerra y Guillermo Williams.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Blanquería que nunca llegó

El primero de los hechos se refiere a la provisión de colchones, mantas y toallas efectuadas por “Blanquería  Matices” de Marta Franco, una de las nuevas imputadas en la investigación.  La compra fue por casi 3 millones de pesos y los elementos adquiridos nunca llegaron a destino. Desde el Ministerio de la Familia de iniciaba el trámite para la adquisición que era refrendado desde la privada del ex gobernador Mario Das Neves, además del Ministerio de Coordinación de Gabinete que conducía Gilardino para que se agilicen los pagos.

El segundo de los hechos involucra a Bruno Taurelli en carácter de proveedor de leña, fardos de pasto, verdura, artículos de limpieza, papas, cebada por parte de “La agrícola S.R.L”. El pago total por parte del Estado fue de 3.141.000 pesos “sin que exista correspondencia entre el pago y la mercadería entregada”, tal como indicaron los fiscales. En algunos casos los expedientes no se pagaron merced al secuestro oportuno de los mismos que realizaron los fiscales. Se sospecha que se utilizaron facturas falsas y que el sobreprecio de la mercadería orillaba el 200%.

Los retornos

La fiscalía tiene datos que los funcionarios cobraron 250.000 pesos de retorno y que fueron entregados personalmente en la casa de Diego Correa. Los elementos en muchos casos no ingresaron nunca en los depósitos del Gobierno y en este sentido se considera clave el papel que cumplía la funcionaria Viviana Barale.  Luter, desde la secretaría privada de la Unidad Gobernador anotaba minuciosamente las compras y los pagos, y también los retornos, además de mantener fluidos contactos con los proveedores.

Otro de los casos investigados es el de la provisión de colchones, frazadas, sábanas, mantas polares y toallas que realizó Estanislao Giniguerra de “Mall Don Bosco”. En este caso se cree que se vendieron y se cobró por 1.800 colchones y se entregaron solo 17, y sobre 430 sábanas se entregaron 134. El “retorno” del que se hacían los funcionarios se cree que fue de 1.200.000 pesos. La venta fue de $6.814.530. A través de escuchas telefónicas, los fiscales comprobaron la existencia de los retornos.

También está imputado como proveedor Guillermo Williams de “Thor S.R.L.” vendedor de colchones que nunca llegaron a destino. También en este caso los fiscales abortaron algunos pagos irregulares tras el secuestro de expedientes, a principios de la investigación, a mediados del año pasado. El titular de la cuarta empresa fue imputado por facturar más de 2 millones por la venta de colchones, que nunca se habrían entregado. “En realidad la venta nunca se realizó”, dijeron los fiscales.

Agua mineral con sobreprecio

Uno de los casos emblemáticos es el de la adquisición de 1.500 botellas de agua mineral. El kiosco “Emanuel” de Trelew no hizo más que revender las botellas que habían sido adquiridos a la distribuidora “Friosur” de Trelew. Lo hicieron a un sobrecosto del 200% cuando en realidad bien pudieron ser adquiridos a “Friosur” que también era proveedor del Estado. Los fiscales aseguraron que el kiosco “Emanuel” ni siquiera “tenía la capacidad de almacenar en su local la cantidad de botellas que luego le vendió a la Provincia”. En este caso la imputada es Cecilia Sadava.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Las imputaciones

Los ex funcionarios provinciales están imputados del delito de “defraudación con administración fraudulenta, en carácter de coautores en la modalidad de delito continuado. Los proveedores Sadava, Giniguerra, Williams, Taurelli y Franco, están imputados del delito de “defraudación y administración fraudulenta en carácter de partícipes primarios”.

Los defensores Fabián Gabalachis, Emilia Galende, Omar López, Miguel Moyano, Javier Romero y Lisandro Benítez no se opusieron a la apertura de investigación. López realizó algunas observaciones técnicas a la descripción de los hechos y la jueza Moreno profundizó  en el mismo sentido, a la vez que le pidió a los fiscales que en caso de prosperar el proceso y llegar a la instancia de la acusación, todas esas observaciones sean salvadas por los investigadores.

Los querellantes que representan a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción, adhirieron a la investigación realizada por los fiscales y prometieron presentar los respectivos escritos con algunas ampliaciones.