Policiales
Continua el juicio contra Millapi por un intento de robo agravado
Por el delito contra la propiedad acontecido el pasado 9 de enero de 2022 en perjuicio de un ex empleado policial y su familia, que tiene como imputado a Daniel Millapi, se concretó la mañana del miércoles la segunda jornada de debate. En la fecha pudieron incorporarse nuevos testimonios, la prueba documental del caso y se esperan los alegatos finales de las partes.
Entre los testimonios de la fecha estuvo el de un Oficial de Servicio de la Seccional 4ta. en el momento del hecho, quien recordó que aquel día reciben un llamado informando sobre un robo agravado en la zona de ilegales del barrio La Floresta, que tenía como damnificado a un empleado policial. El hecho fue llevado a cabo por personas que se hacían pasar por miembros de la Brigada de Investigaciones, exhibiendo una supuesta Orden de Allanamiento. Recuerda que se realizó un recorrido fotográfico y que el mismo dio positivo para Millapi y Silveira. Luego del levantamiento de Cámaras en las cercanías del lugar, se descargaron imágenes donde se ve a dos personas abordando un Chevrolet Ipanema, color blanco. Se trabajó el hecho en base a estos datos, finalizó el testigo.
Otro de los testimonios de la fecha fue el de un Suboficial Inspector, que también al momento del hecho se desempeñaba en la Seccional 4ta. de policía y que realizó un secuestro de un bidón con combustible en la zona alta del barrio La Floresta.
Por último, se escuchó al especialista en Informática de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios del Ministerio Público Fiscal, Renzo Vargas, quién se refirió a la descarga de información que realizara sobre dos dispositivos secuestrados en la causa. Los mismos le fueron entregados en dos sobres de papel madera cerrados, con su correspondiente cadena de custodia. Se extrajo llamadas entrantes y salientes, contactos, datos de la tarjeta SIM, mensajería instantánea y número de abonado, entre otros datos.
El hecho traído a debate acontece el pasado 9 de enero de 2022, a las 09:40 horas aproximadamente, en circunstancias en las que la víctima junto a su pareja y su hijo de un año y medio, su suegra y dos personas más, se encontraban durmiendo en su domicilio sito en calle Malvinas Norte al 1.100, del Barrio Las Flores de esta ciudad. Daniel Alberto Millapi y Nahuel Maximiliano Silveira se hicieron presentes en el lugar, golpearon e intentaron ingresar aduciendo ser personal policial que debía realizar una diligencia de allanamiento en el lugar. No obstante, fueron atendidos por la suegra de la víctima, quien les dijo que no se trataba del domicilio que buscaban. Ante ello, se retiraron, pero instantes después regresó Millapi, insistió y cuando nuevamente la suegra de la víctima intentó cerrar la puerta ingresó por la fuerza.
Una vez en el interior, Millapi extrajo un arma de fuego y comenzó a forcejear con las víctimas solicitando donde estaba el dinero y ella le respondió que en la casa no había dinero. En ese momento, la víctima, quien resulta ser agente policial, sacó a su pareja y su hijo menor de edad de la casa por la ventana, y él salió con su arma reglamentaria tipo pistola 9mm, marca Taurus, y enfrentó a los encausados, momento en que Millapi le apuntó con el arma de fuego cuando la víctima se encontraba con su hijo en brazos. Luego de un forcejeo, lograron sustraerle el arma reglamentaria referida, para finalmente darse a la fuga en dirección a calle Los Aromos y ascender a un rodado de color blanco marca Chevrolet, que se encontraba estacionado en el Pasaje Santa María y Los Aromos de esta ciudad. Cabe mencionar que Nahuel Maximiliano Silveira se encuentra en estado de rebeldía, con pedido de Captura desde la formalización del caso.
El tribunal de debate estuvo presidido por Mónica García e integrado por Raquel Tassello y Daniela Arcuri, juezas penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general y Facundo Oribones, procurador de fiscalía; en tanto que la defensa de Millapi fue ejercida por Sergio Romero, abogado particular del mismo.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
