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Policiales

Continúa el juicio del hombre que intentó asesinar a su hijo incendiando su vivienda

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En sede de los tribunales penales ordinarios se desarrolló la mañana del miércoles la segunda jornada de debate por un hecho acontecido el pasado 23 de abril de 2017 en el barrio Próspero Palazzo. El ilícito tiene como víctima al menor L.M. y como único imputado a su padre R.J.M. En la jornada se pudo escuchar el testimonio de varios servidores públicos, el de un bombero y el de la psicóloga Forense, entre otros. Para mañana jueves se espera concluir con la incorporación de la prueba documental del caso y también los alegatos finales de las partes.

El tribunal de debate fue presidido por Mariel Suárez, e integrado por los jueces penales Alejandro Soñis y Martín Cosmaro; por el Ministerio Público Fiscal asistió Adrián Cabral, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Lilian Bórquez, defensora pública.

El primer testimonio fue el de un Oficial ayudante que aquel día cumplía funciones como Oficial de Servicio en la Comisaría de Gral. Mosconi, se encontraba de recorrida junto a dos suboficiales cuando reciben una comunicación por equipo que necesitaban presencia policial en el barrio Palazzo en la intersección de las calles Juan José Paso y Yapeyú. Se escuchó una explosión y un principio de incendio en una vivienda. Cuando llegan al lugar ya se encontraba una dotación de Bomberos combatiendo el incendio, el Sargento de la Subcomisaría de Palazzo. Un grupo de vecinos había intervenido ingresando al domicilio y sacado de su interior dos personas, una adulta y un menor, recordó. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional y la persona inconsciente fue asistida por Bomberos.

En igual sentido declaró otro auxiliar de la justicia que aquella noche toman conocimiento de un incendio con personas atrapadas en Palazzo, llegan al lugar y había personas corriendo. Una persona tirada en el piso. Luego se dirige hacia el Hospital para informarse del estado de salud del menor víctima y su madre. El menor le refieren que estaba muy grave y que fue derivado a Terapia Intensiva. Se entrevista con la madre quién se encontraba muy preocupada por el estado de salud de su hijo y le comenta que el incendio fue intencional y que fue su pareja, el autor.

El cuarto testimonio fue el de otro Oficial de Servicio de la Subcomisaría de Palazzo, se dirige al lugar ya que toma conocimiento de un incendio con gente atrapada en una vivienda. Cuando llega se encuentra que vecinos habían rescatado dos personas, una de ellas menor. Recordó que casualmente su esposa que es enfermera pasaba por el lugar y se encontraba asistiendo al menor, que le refirió que estaba gravísimo que había que llevarlo urgente al Hospital y que colaboró con ello.

Luego un bombero voluntario que esa noche del hecho recibe un llamado por un incendio y cuando llegan había mucha gente, hacían señas de explosiones en la casa, que se encontraba con las luces apagadas y con la puerta lateral abierta. También había una persona en el piso que retiran para poder ingresar con las mangueras a sofocar el incendio.

Uno de los testimonios destacados de la fecha fue el de la psicóloga forense Mariana Sánchez que tuvo varias entrevistas con el menor-víctima en las cuales no pudo lograr confianza para hablar.  Dispersaba y presentaba signos de angustia y resistencia para hablar del tema, concluyendo que el niño pasaba por un estado de “estrés postraumático, y que no estaba en condiciones de llevar a cabo una Cámara Gesell”.

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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso

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La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.

La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.

La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”.  Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.

En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..

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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados

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La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.

Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.

La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Importante perjuicio económico y moral a la provincia

El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.

Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.

El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.

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