Policiales
Crimen de Lía: Gabriel Orellana fue imputado por el femicidio
El detenido era el cuñado de la víctima. Testigos lo describieron como “violento”. El día antes del femicidio buscó en Google “como matar a una persona”.
Gabriel Orellana (22) quedó detenido en prisión preventiva imputado del femicidio de Lía Vásquez, la adolescente de 14 años asesinada el viernes en el barrio Pujol de Puerto Madryn.
Orellana era pareja de la hermana de Lía. Los primeros datos de la investigación que lleva adelante el fiscal Jorge Bugueño indican que Orellana atacó a la menor provocándole varias heridas de arma blanca en el cuello, que le ocasionaron la muerte. Y luego huyó en un vehículo. Había sustraído además 30 mil pesos del local comercial.
El joven fue detenido en horas de la mañana en un comercio donde trabajaba. En el marco de la causa se demoró a otra persona que conducía el vehículo del imputado pero luego de tomarle declaración y de aportes de testigos quedó en libertad.
Asimismo, el viernes a la noche se realizaron dos allanamientos donde se secuestraron una campera con presuntas manchas de sangre, teléfonos celulares y una mochila.
El fiscal Jorge Bugueño indicó: “La calificación escogida es la de femicidio en concurso con femicidio transversal, todo en concurso con homicidio en ocasión de robo”, que tiene prevista una pena única de prisión perpetua”.
“El femicidio transversal se aplica cuando en definitiva la intención es hacer sufrir a la mujer. En este caso para causarle daño a su pareja”, explicó Bugueño sobre una de las calificaciones y agregó: “Solicitamos que siga detenido mientras avanza la investigación. Y creemos que en cuatro meses ya podremos elevar el caso para que vaya a juicio oral”.
“A pocas horas de cometido el femicidio tenemos elementos que marcan la probabilidad de autoría de Orellana. Y solicitaremos determinadas pericias, en base a los rastros que recabó la Policía Científica en el lugar, así como a distintos secuestros realizados en los allanamientos, que servirán como prueba en el juicio”, detalló el fiscal.
Bugueño destacó la labor realizada por la División Policial de Investigaciones, la Unidad Especial de Criminalística, la Policía en general, el Cuerpo Médico Forense y los Servicios de Atención a la Víctima y de Protección de Derechos.
«Cómo matar a una persona», la búsqueda en Google del imputado del femicidio de Lía
La audiencia de apertura de investigación y control de detención se realizó en Tribunales ante la jueza Yamila Flores. El defensor particular Carlos del Mármol consintió la prisión preventiva durante un plazo de cuatro meses. Luego del cual los fiscales estiman que presentarán la acusación para elevar la causa a juicio oral y público. Orellana decidió no declarar durante la audiencia.
El fiscal Bugueño reveló un dato impactante. Un tiempo atrás, Orellana había amenazado a su pareja diciéndole que iba a matar a su familia. El día anterior al femicidio de Lía, Orellano había buscado en el teléfono “Cómo matar a una persona” y “los puntos débiles para matar a una persona”. La búsqueda la realizó a través de la aplicación Google. Bugueño expresó también que los datos recabados con testigos “lo describieron como una persona violenta”.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
