Policiales
Daniela Fernández Quelca tenía una prohibición de acercamiento contra su femicida pero no fue notificado
La mañana del presente martes se concretó la segunda jornada del juicio por el femicidio de Daniel Fernández Quelca acontecido el pasado 19 de junio de 2019 en el barrio Moure, que tiene como imputado a Eduardo Atanacio Pardo.
Uno de los testimonios de la fecha fue un Oficial Principal, por videoconferencia desde el Valle, que en junio de 2019 trabajaba en la Brigada de investigaciones local, recordó que reciben conocimiento de un homicidio y que luego se hacen presentes en la Brigada dos personas. Una que acompañaba a otra, Atanacio Pardo, refiriendo que tenía que ver con el hecho investigado. Se le toman los datos y se da inmediato informe al Fiscal de turno y a la Oficina Judicial. Se busca un testigo de actuación y se le hizo saber a Atanacio Pardo los derechos que le asisten.
Seguidamente se escucha la palabra del testigo de actuación, anteriormente referido por el auxiliar de la justicia. Éste sale a trabajar, pasa por la Seccional 3° y un policía de civil le solicita salga de testigo por un muchacho que se entregó. Reconoce al imputado en la sala, como una de las personas que aquel día estaba en la Brigada y que había una persona con el que era su patrón.
Luego un oficial de servicio, de turno en la Seccional 6°, al momento del hecho, recordó que secuestraron ropa de la víctima, en la morgue judicial. Luego en la Seccional se presenta una mujer preguntando por su hermana, que no la encontraba y que la llamaba y no le respondía. Se dirigen al inquilinato donde vivía y en la habitación encontraron dos niñas, muy pequeñas. La mujer refiere que las niñas son las hijas de su hermana. Hace sonar nuevamente el celular de su hermana y estaban debajo de la cama. Asimismo recordó que encuentran una carpeta negra con documentación varia y una prohibición de acercamiento de Atanacio Pardo hacia la víctima Fernández Quelca.
Otro de los testigos escuchados en la fecha fue un oficial ayudante, por videoconferencia desde El Maitén, que al momento del hecho prestaba servicio en la Seccional 6° de nuestra ciudad. Recuerda que llega a la dependencia policial una medida cautelar, prohibición de acercamiento de Atanacio Pardo hacia la víctima y que no pudieron notificarlo porque no encontraron el domicilio ya que en esa zona del barrio Moure es una zona de asentamientos ilegales, sin numeración. Esta diligencia la practican dos días antes que suceda el hecho, recordó.
El tribunal colegiado de debate fue integrado por los jueces Mónica García, Raquel Tassello y Jorge Odorisio; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Atanacio Pardo fue ejercida por Daniel López, abogado particular del mismo.
El femicidio de Daniela Fernández Quelca:
El ilícito contra la vida, a ventilarse en el debate, da inicio en momentos en que la víctima Daniela Fernández Quelca mantuvo una relación de pareja con el imputado Eduardo Atanacio Pardo desde principios de 2016, cuando ambos vinieron desde Bolivia a Comodoro. Esta relación fue signada por agresiones físicas y psicológicas de Atanacio Pardo hacia Fernández Quelca, las que se tornaban cada vez más graves hasta que Fernández Quelca le pide que se retire del domicilio. Esta decisión no fue aceptada por Atanacio Pardo quién continuó hostigando a Fernández Quelca con intenciones de impedir que rehaga su vida.
Así en horas de la noche del 19 de junio de 2019, encontrándose ambos en el inquilinato de la calle Código 765, al 1700 del barrio Moure, donde residían en departamentos separados, Fernández Quelca y Atanacio Pardo comenzaron una nueva discusión. Ambos se retiran del lugar dejando a las hijas en el departamento de Fernández Quelca y en el transcurso de las 23.00 hs. de ese día y las 8.00 hs. del 20 de junio se dirigieron hacia la calle Ricardo Torá a la altura catastral del 2000, donde Atanacio Pardo tomó un bloque, y con claras intenciones de darle muerte, le asestó un golpe en la cabeza, causando la muerte de Fernández Quelca por traumatismo encéfalo craneano.
Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género (femicidio)” en calidad de “autor” para Atanacio Pardo.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
Policiales
Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
