Policiales
Declararon culpable a «Chito» Alarcón
El Juez Martín O’Connor encontró debidamente probados los cargos presentados por la Fiscalía y resolvió declarando autor penalmente responsable a Oscar Roberto Alarcón de los delitos por los que fue llevado a juicio. La Oficina Judicial fijará fecha para el debate por la pena.
Alarcón, que era empleado de planta permanente de la Municipalidad de Trevelin desde el año 1996, fue nombrado Director General de la Provincia, el 10 de diciembre de 2015.El juez tuvo por probado que el acusado no puso en conocimiento del Municipio la incompatibilidad que estaba obligado a informar de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ética Pública, la Constitución Provincial y el Estatuto del empleado provincial. Esa omisión llevó a que comenzara a percibir los dos sueldos, uno por la función provincial y otro por el empleo municipal. Situación que se extendió desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 1 de marzo de 2018. Recién entonces, solicitó licencia política.
Alarcón estaba obligado por la ley de ser garante del cumplimiento de las normas, en lo que a él compete. Se encontraba en posición de garante de ese cumplimiento. Silenciar su situación ante la Municipalidad de la cual era empleado, le posibilitó la percepción de dos sueldos contemporáneamente, y de ese modo se configuró una modalidad de comisión por omisión del delito de estafa, agravada por ser en perjuicio de la administración pública.
El tribunal entendió que de ese modo llevó a error a la «Municipalidad de Trevelin al no tener ella un cuadro completo de la situación de revista del acusado. La actitud omisiva persistente (pese a su clara obligación en contrario) también permitió que la Administración Pública Municipal continuara en el error y la doble percepción salarial se extendiera hasta el 1 de marzo de 2018, esto es, por espacio de más de 2 años y 3 meses», indicó.
La defensa cuestionó la existencia de perjuicio real para el municipio, porque se llegó a un acuerdo entre las partes por el que Alarcón devuelve en cuotas los salarios mal cobrados. Sin embargo el juez entendió que el perjuicio ocasionado al municipio se produjo al momento de no poder disponer de los fondos. La cifra asciende a $ 885.477,77, esto es el haber más los aportes y contribuciones. Más allá de estar devolviendo el dinero mal cobrado, el faltante de fondos que afrontó la Municipalidad configura el perjuicio exigido por la figura típica, especificó O’ Connor.
«Asimismo, y además del fraude comprobado, la omisión tenida por probada configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en su modalidad omisiva», concluyó.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
