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Policiales

Detuvieron a dos personas por el incendio en diario El Chubut

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Realizaron allanamientos y se secuestraron elementos tecnológicos que serán peritados y un arma. Hace instantes se entregó una tercera persona involucrada en los hechos.

La Policía del Chubut realizó este lunes por la mañana seis allanamientos y detuvo a dos personas en el marco de la investigación por los destrozos ocurridos días atrás en la redacción del diario El Chubut.
Así lo informó, a través de una conferencia de prensa brindada este lunes desde la de Policía en Rawson, el ministro de Seguridad del Chubut, Leonardo das Neves, acompañado por el jefe y subjefe de la Policía, Víctor Acosta y Luis Cayupil, respectivamente, y el director de Policía Judicial, Julián Vilches.
Hace instantes, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa por parte de las autoridades policiales se entregó una tercera persona en las oficinas de Tribunales de Trelew.
Al respecto, el ministro de Seguridad, Leonardo das Neves sostuvo que “en el marco del trabajo que se viene realizando en forma mancomunada con la Justicia, se avanzó con un importante despliegue policial para aclarar toda esta situación lamentable que vivimos en esta oportunidad con el ataque al diario El Chubut. Venimos trabajando incansablemente para que esto quede aclarado y para darle una explicación a la sociedad de quienes fueron los responsables”.
“Esto es algo muy serio y tenemos que hablar de cosas concretas y no de supuestos. Nos pusimos como objetivo hablar cuando se empiecen a clarificar los hechos, los que hicieron los desmanes no tenían nada que ver con el no a la mina y ahí se marca la diferencia entre una manifestación y el reclamo genuino como fueron las marchas en toda la provincia mezclada con esta banda de vándalos y delincuentes que lo único que hicieron fue desestabilizar”, manifestó el titular de la cartera de Seguridad.
“Tuvimos estas situaciones que no las esperaba absolutamente nadie y nos encontramos con días muy complejos para nuestro personal policial y nosotros junto a la cúpula policial estuvimos permanentemente al frente y nunca hemos escapado a la responsabilidad”, manifestó el funcionario provincial.
Allanamientos
En este sentido, el director de Policía Judicial, Julián Vilches, explicó que “este lunes a partir de las directivas del fiscal Napoli, a cargo de la causa, personal de la Brigada de Investigaciones de Trelew y de la Unidad Regional llevaron a cabo seis allanamientos por el hecho de violencia suscitado en el diario El Chubut luego de identificar a través de las pesquisas realizadas a quienes participaron del ataque”.
“Se realizaron dos detenciones de cuatro que se habían solicitado y se secuestraron elementos tecnológicos que serán peritados, prendas de vestir y un arma. Los allanamientos son como complemento de la investigación y creemos que vamos a seguir trabajando para llegar a la detención de todos los que participaron en este hecho”, señaló Vilches.
Y continuando detalló que “hay dos que se autodenominaron miembros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, lo otro es materia de investigación. La mayoría de las personas identificadas tienen antecedentes”.

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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso

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La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.

La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.

La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”.  Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.

En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..

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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados

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La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.

Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.

La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Importante perjuicio económico y moral a la provincia

El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.

Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.

El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.

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