Policiales
Detuvieron a evadido con pedido de captura en Chubut en la provincia de San Juan
Así lo recalcó el ministro de Gobierno del Chubut, Federico Massoni, luego de ser notificado por la detención de un sujeto que tenía pedido de captura y fue detenido en las ultimas horas en la Provincia de San Juan.
“Estas intervenciones demuestran la importancia que tuvo difundir a los sujetos con pedidos de captura. Hicimos el anuncio el 31 de julio y las detenciones han sido incesantes en estas últimas semanas”, subrayó el ministro de Gobierno del Chubut, Federico Massoni, y agregó: “Ahora estos individuos, que ponen en grave crisis la seguridad de nuestras comunidades, están a disposición de la Justicia como corresponde».
En un trabajo conjunto de la Policía del Chubut con la División Robos y Hurtos de la ciudad de San Juan, a cargo del subcomisario Ramón Céspedes, se logró detener a Ítalo Fabián Ríos, cuya imagen fuera difundida recientemente por las autoridades provinciales. El sujeto tenía un pedido de captura y detención por cinco legajos fiscales relacionados con episodios de robo agravado en hechos cometidos con un alto grado violencia.
Otro detenido con pedido de captura en Puerto Madryn
Además, el personal de Investigaciones de Puerto Madryn (a cargo del comisario Cristian Vás
quez) detuvo a Jairo Maximiliano Arce, de 29 años, que contaba con una orden de detención por los delitos de robo, hurto, violación de domicilio, robo agravado, tenencia de armas, entre otros ilícitos complejos.
Importantes allanamientos en Comodoro
En las primeras horas de este lunes, la División de Investigaciones de Comodoro Rivadavia (a cargo del comisario Andrés García) junto al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) realizaron tres 
allanamientos en el barrio San Cayetano de la ciudad petrolera.
Allí, se logró identificar a uno de los presuntos autores de un ilícito y se logró secuestrar la computadora sustraída, una bicicleta de alto valor económico que fuera denunciada como robada el pasado 17 de junio en Rada Tilly, un equipo de comunicación y otros elementos relacionados con el hecho.
Las órdenes de los allanamientos fueron solicitadas por la funcionaria de fiscalía, Patricia Rivas, y autorizadas por la jueza penal, Mariel Suárez, en relación a un hecho de robo agravado por uso de arma de fuego ocurrido el día domingo 19 de agosto en una vivienda ubicada la calle Código 648 de la zona de Quintas I.
En ese lugar se encontraban los integrantes de una familia, quienes fueron sorprendidos por los dos hombres, uno de los cuales portaba un arma de fuego y -luego de ejercer violencia sobre los ocupantes del inmueble- huyeron del lugar con una computadora, dinero y otros elementos.
Controles en Dolavon
En tanto, durante la mañana de este lunes en la localidad de Dolavon, en la ruta 7 hacia 28 de Julio, personal de la comisaría local (a cargo del comisario Alejandro Carranza) junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y preeventores del municipio realizaron los controles de la documentación de los vehículos, se precisaron las medidas de seguridad y se puso énfasis en el recorrido dispuestos para el tránsito pesado en la zona.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
Policiales
Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
