Policiales
Dictaron procesamientos y embargos por el hurto de vacunas en el Hospital Regional
Hay 24 imputados por el robo de 30 dosis de vacunas Sputnik V del Hospital Regional. Este viernes la jueza federal Eva Parcio resolvió el procesamiento y embargos que van desde los 100 mil pesos a 2 millones de pesos.
Durante la investigación se tomaron 40 declaraciones testimoniales y 28 indagatorias. Fueron procesadas por presunto encubrimiento de malversación de bienes del Estado el secretario general del sindicato de los Camioneros y exdiputado nacional, Jorge Taboada, 19 personas que habían recibido la primera dosis en Camioneros y cuatro integrantes del Área Programática Sur.
Se pudo reconstruir el robo de vacunas en Comodoro a través de los chats y la declaración de testigos. Según informó La Nación, la causa incluye hasta el registro de un grupo de WhatsApp en donde, pese a lo irregular de la vacunación, quienes recibieron la dosis intercambiaban acerca de los síntomas registrados tras recibir una primera dosis.
Los Procesados
El jefe de Epidemiología y Patologías Prevalentes del Área Programática Sur, Jorge Benítez, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La enfermera Alicia Muñoz por malversación dolosa de caudales públicos, a quien se le trabó embargo por 2 millones de pesos
Una enfermera del Hospital Regional que le habría ayudado a guardar las vacunas a Muñoz, por encubrimiento de malversación de caudales públicos.
Daniela Cocha, responsable de la cámara de vacunas, por presunta malversación culposa de caudales públicos por impericia y se le trabó embargo por 100 mil pesos.
De las 21 personas identificadas en una primera etapa de la investigación por el Ministerio Público Fiscal provincial y la Brigada Policial de Investigaciones que habían recibido la aplicación de la vacuna en Camioneros, 19 fueron procesadas por presunto encubrimiento de malversación de bienes del Estado. Entre ellos están el Jorge Taboada y el secretario adjunto Elías Guzmán.
Marcos Paura, integrante de la obra social de Camioneros, por instigador del delito de malversación.
La malversación de caudales públicos es aquel delito por el cual un funcionario o servidor público le da a bienes que administra una aplicación distinta a la establecida, afectando así el servicio o la función para el que estaban destinados, en este caso las vacunas contra el COVID-19.
