Policiales
Dos viviendas recuperadas por el IPV serán utilizadas por la Policía del Chubut como centros de tareas preventivas
El Ministerio de Gobierno, en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda y la Policía del Chubut, firmaron este viernes un contrato de comodato para destinar dos casas recuperadas y ubicadas en barrios estratégicos de Comodoro Rivadavia, al trabajo preventivo que lleva adelante la Unidad Regional.
La firma del contrato estuvo encabezada por el subsecretario de Gobierno, Fernando Vásquez; el delegado en la zona sur del IPV, Martín Iparraguirre, y el jefe de Logística de la Policía del Chubut, César Brandt.
Lugares estratégicos para brindar mayor seguridad
Se trata de unidades habitacionales situadas en los barrios 30 de Octubre y San Cayetano, recuperadas por el IPV tras presentar estado de abandono o condiciones irregulares de ocupación.
El acuerdo establece el uso de los inmuebles para el funcionamiento y cumplimiento de tareas propias de la institución policial a fin de brindar mayor seguridad en ambos sectores.
Caducidad de derechos
En el marco del acto, el delegado del IPV en la zona sur, Martín Iparraguirre, explicó que son viviendas que “volvieron al dominio del Instituto, luego de un trabajo de seguimiento y tareas conjuntas desde hace varios meses con la Policía del Chubut”.
El funcionario destacó que “estamos llevando adelante relevamientos y seguimientos de unidades, tanto para lo que es específica seguridad como lo que es el control de legalidad que el IPV hace respecto a la ocupación de viviendas”.
Iparraguirre reveló que “esta tarea tiene mucho que ver con la fuerza policial y con la necesidad de recuperar viviendas, por un lado para generar centros de seguridad y ampliación de la confianza ciudadana, y por otro lado para que puedan volver también las viviendas recuperadas a los vecinos que, en un largo listado, esperan sus casas”.
En este sentido, el delegado del IPV en la zona sur precisó que se trata de dos viviendas que fueron abandonadas, tanto “por problemas familiares, asociadas con el delito y la droga e incumplimiento de pago”. Indicó, además, que estas faltas e irregularidades “nos permiten avanzar en la caducidad de los derechos y volver las viviendas al IPV”.
Puntos estratégicos para tareas preventivas
En tanto, el jefe de Logística de la Policía, César Brandt, señaló que ambas casas “van a ser destinadas al trabajo preventivo que está llevando adelante la Unidad Regional de Comodoro”, e indicó que serán utilizadas por “grupos especiales, una por Infantería y la otra posiblemente para la División Motos”.
“Las viviendas están ubicadas en lugares estratégicos por lo que se podrá realizar un trabajo importante. Por eso, al momento de la recuperación de estas viviendas, el jefe de la Unidad Regional las vio como puntos clave y estratégicos para poner grupos especiales a trabajar”, concluyó Brandt.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
