Policiales
El hombre que golpeó a dos mujeres y le fracturó el dedo a un policía quedó en libertad
En horas de la mañana de hoy jueves se concretó en la modalidad de videoconferencia la audiencia de control de detención y apertura por un hecho acontecido el pasado 17 de junio que tiene como imputado a Cristian Padilla. El funcionario de fiscalía solicitó se declare legal su detención y se le formalice el hecho en base a la calificación legal provisoria de “lesiones leves, dos hechos, daño y resistencia a la autoridad, todo en concurso real, a excepción de las lesiones a una de las víctimas y la resistencia a la autoridad que concurren de forma ideal entre sí”. Por su parte el defensor cuestionó parte de la calificación pero no la legalidad de su detención, requiriendo su libertad.
Presidió el acto jurídico Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Facundo Oribones, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Ariel Quiroga, abogado de la Defensa Pública.
En un primer momento el funcionario de fiscalía realizó un breve relato del hecho cuando el pasado 17 de junio, siendo aproximadamente las 16 hs., la víctima ex pareja del imputado se encontraba en el domicilio de una amiga, ubicado sobre Av. Rivadavia, llega padilla y empieza agredirla sin razones aparentes provocando diversos daños en el lugar. Ante los pedidos de auxilio la dueña del lugar se comunica con personal policial que al llegar al lugar observan a padilla que ejercía presión con un cable en el cuello de la víctima. Así personal policial intenta detenerlo y Padilla le aplica un puntapié a uno de ellos, ambas víctimas presentaron lesiones de carácter leve. Calificando provisoriamente el mismo como “lesiones leves, dos hechos, daño y resistencia a la autoridad, todo en concurso real, a excepción de las lesiones a una de las víctimas y la resistencia a la autoridad que concurren de forma ideal entre sí”. Solicitando el funcionario se declare legal su detención ya que la misma fue realizada en flagrancia y por último el plazo de seis meses de investigación y en virtud de la no existencia de los peligros procesales de fuga, ni de entorpecimiento, no solicitó medida de coerción.
Por su parte el defensor cuestionó la calificación legal escogida en la “supuesta agresión de su defendido al funcionario policial”, sosteniendo que “las lesiones deberían ser absorbidas íntegramente por el delito de resistencia a la autoridad y que se descarten las lesiones leves”. Solicitando por último la libertad de su asistido.
Finalmente la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Padilla ya que la misma fue realizada en flagrante delito. Formalizando la apertura de la presente investigación en su contra por el hecho y la calificación provisoria esgrimida por el representante de fiscalía, dándolo por anoticiado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Otorgando el plazo de seis meses para concluir con la investigación y dictando para concluir la libertad del imputado.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
