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Emergencia climática: tomaron entrevistas en la SCPL
En la mañana de ayer los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams acompañados por dos miembros de la Policía Judicial, se trasladaron a la Comodoro Rivadavia con el objeto de recabar entrevistas en el marco de la causa conocida como “emergencia climática”, tramitada en la ciudad de Rawson. La investigación ya formalizada se calificó provisoriamente para Pablo Korn y Rubén D’Amico como “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.
Así los fiscales Rodríguez y Williams se reunieron con autoridades y directivos de la S.C.P.L., como también con empresarios locales recolectando valiosa información para la causa.
La imputación a Korn y D’Amico
Respecto del imputado Pablo Korn en carácter de subsecretario de servicios públicos del Chubut, priorizo direccionar las compras a su “amigo y socio” Rubén D’Amico sin haber siquiera realizados consultas a proveedores de Comodoro o de la ciudad de Trelew.
Se trata de la compra de materiales por algo más de 3.700.000 pesos realizados al comercio de D’Amico para restablecer parte de los servicios públicos afectados por un fuerte temporal que sobre fines de marzo y principios de abril del año pasado azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Diez expedientes de pago
En el pedido de apertura de investigación por el plazo de seis meses se indica que “Pablo Sebastian Korn, siendo Subsecretario de Servicios Públicos -Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, de la Provincia de Chubut, designado por decreto nro. 671/16, en fecha 6/05/2016” en el marco de 10 expedientes administrativos “se interesó en la contratación directa con la firma Electrocity S.A., perteneciente a su amigo y socio, Dario Rubén D’Amico. El objeto de las contrataciones tenía que ver con la adquisición de elementos necesarios para llevar adelante la reparación de buena parte de la infraestructura de los Servicios Públicos de la Ciudad de Comodoro Rivadavia dañados, en algunos casos destruidos, por el temporal de lluvia ocurrido a partir del 29 de marzo del año 2017.
En este contexto, en plena emergencia provincial, Pablo Korn, aprovechándose de la función pública que desempeñaba, en función del cargo que ocupaba, con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo Dario D’Amico, direccionó las contrataciones directas aludidas en favor del último de los nombrados. Para ello, firmó numerosas notas de elevación al Ministro Coordinador de Gabinete a través de las cuales solicitaba se abonase las facturas presentadas por la firma. A su vez el propio funcionario conformó las facturas en su totalidad.
De lo dicho se desprende que, el Subsecretario en razón de su cargo intervino de manera directa en el trámite administrativo donde se contratara a la firma antedicha. En este sentido, el nombrado insertó un interés particular, por encima del interés público, al cual el funcionario debió dar preeminencia. Cabe destacar, además, que los 10 expedientes mencionados fueron iniciados el 14/07/17, generaron una acreencia en favor de D’Amico, de 3.726.244 $, los cuales fueron abonados entre el 15 y 18 de agosto del año 2017”.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
