Policiales
Extorsión y Asociación Ilícita: los tres imputados quedaron detenidos con prisión preventiva
En horas de la tarde del viernes se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura en contra de los imputados Darío Rubén Gómez, Cristian Ozorio Bazan y Nanci Beatriz Bazan. Los representantes de fiscalía solicitaron se les formalice el hecho a los tres imputados en base a la figura legal de “extorsión, dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, bajo la modalidad de asociación ilícita, tres de ellos simulando autoridad pública”, en calidad de coautores. Asimismo los acusadores peticionaron se dicte su prisión preventiva por el término de tres meses. Los defensores por su parte postularon otra calificación legal menor requiriendo el arresto domiciliario para Beatriz Bazan, en tanto que para los otros dos imputados libertad con presentaciones semanales ante la autoridad judicial.
Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Juan Carlos Caperochipi, Fiscal Jefe; Jasmin Abraham y Cristian Olazabal, funcionarios de fiscalía; en tanto que la defensa de los tres imputados fue ejercida por Esteban Mantecón, defensor general e Ivo Di Taranto, adjunto de la defensa pública.
En un primer momento el fiscal jefe se refirió al primero de los hechos investigados cuando la primera víctima recibe mensajes intimidatorios por WhatsAap, “vas a pagar porque si no te escracho”. Tenía que pagar 3.000 $, pero con 2.000 estamos. Si no me pagas te mando un patrullero a tu casa.
La segunda víctima también es contactada vía WhatsAap utilizado por lavanda para ofrecer servicios sexuales, y que al frustrarse le dicen que igual tiene que pagar sino lo escrachan en las redes sociales. Se identifica como Pablo Lobos, el segundo de la Brigada de Investigaciones local, luego deposita una suma de dinero que es retirada por Crsitian Ozorio Bazan.
La tercer víctima también es contactada con el fin de averiguar servicios sexuales que no concretó. Tenés que pagar sino le aviso a mi jefe Pablo Lobos y entrega dinero en varias oportunidades.
El cuarto hecho también se produce cuando la víctima es contactada por mensajes de WhatsAap para ofrecer servicios sexuales,cuando surgen que debían adelantar el encuentro y la víctima no podía, entonces es amenazado con se escachado en las redes sociales.
Calificando provisoriamente los mismos como “extorsión, dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, bajo la modalidad de asociación ilícita, tres de ellos simulando autoridad pública”, en calidad de coautores para los tres imputados. Solicitando el plazo de ley para concluir con la investigación.
El defensor por su parte postuló las calificaciones legales de estafa y amenazas que a su entender proceden y que el plazo de investigación no debe superar los tres meses.
La jueza penal resolvió formalizar la apertura de investigación preparatoria del caso en base al hecho y la calificación legal expuesta por la fiscalía. Otorgando el plazo de tres meses de investigación.
Seguidamente los fiscales solicitaron la prisión preventiva de tres meses para los imputados en base a los elementos de convicción existentes, y los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
En contraposición la defensa hizo referencia al principio de inocencia, negando la existencia de peligros procesales en el caso y requiriendo el arresto domiciliario para Beatriz Bazan, en tanto que para los otros dos imputados su libertad con presentaciones semanales ante la autoridad judicial.
Finalmente la jueza penal resolvió dictar un mes de prisión preventiva a los tres imputados para asegurar la averiguación de la verdad y el cumplimiento de la Ley. También mencionó los elementos de convicción existentes y los peligros procesales de fuga y entorpecimiento.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
Policiales
Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
