Investigan el destino de 5 millones de dólares de la indemnización por el derrame que sufrió Caleta Córdova

A partir del derrame de petróleo ocurrido en 2007, la ocina especial de delitos contra la Administración Pública se encuentra investigando el destino de los 5 millones de dólares de indemnización que debían volcarse a obras pero jamás habrían llegado.

En virtud de una denuncia radicada por vecinos de Caleta Córdova en enero de este año, la Ocina Especial de Delitos Contra la Administración Pública a cargo del fiscal Omar Rodríguez, se encuentra investigando el destino de 5 millones de dólares que debían ser volcados en obras tras un acuerdo entre la empresa Antares Naviera S.A. y el Gobierno Provincial por el derrame de petróleo que afectó las costas de Caleta Córdova el 26 de diciembre del año 2007.

La investigación en cuestión, se encuentra en etapa preliminar y alcanzaría a funcionarios provinciales que justamente fueron quienes rmaron el convenio el 10 de junio de 2014 para desistir en el reclamo civil y de avanzar sobre acciones penales contra la empresa por el daño ambiental ocasionado a cambio de los 5 millones de dólares que serían destinados a obras en la ciudad petrolera y especícamente en la zona afectada.

Justamente el decreto provincial Nº 701, fue rmado por el exgobernador Martín Buzzi y refrendado por el exministro Coordinador de Gabinete, Juan Garitano, estando presenta también el scal de Estado en aquel momento, Miguel Ángel Montoya y la apoderada de la empresa Antares Naviera. Estaba previsto que el ingreso a las arcas provinciales del dinero se produjera 10 días después de que la jueza federal Eva Parcio de Seleme homologara el mismo.

No obstante las obras no se desarrollaron y mientras en su momento el exintendente, Carlos Linares reclamaba que desde Provincia no se habían bajado dichos fondos los vecinos insistían públicamente no solo en las medidas de remediación sino que también se abonaran las indemnizaciones correspondientes, por lo que a partir de la investigación en curso se intentará determinar si la empresa pagó el monto acordado, si los fondos fueron girados al estado provincial y cuál fue el destino de los mismos.

Fuente: Diario Crónica