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La Policía del Chubut ya cuenta con su Cuerpo de Infantería Femenina

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Por primera vez la institución policial cuenta con un grupo de 39 mujeres que  forman parte del Cuerpo de Infantería Femenina. Las mismas son oriundas de las ciudades de Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Rawson.

El ministro de Gobierno, Federico Massoni, junto al jefe y subjefe de la Policía, Miguel Gómez y Néstor Gómez Ocampo, encabezaron el emotivo acto de la “Primera Promoción del Curso de Infantería Femenina” de la Policía del Chubut, que se realizó en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía en Rawson.

Además, participaron funcionarios provinciales, personal policial en actividad y en situación de retiro, junto a una gran cantidad de familiares e invitados especiales.

En este marco, el ministro de Gobierno del Chubut, Federico Massoni, expresó que “es un curso al que le damos mucho valor y le otorgamos mucha importancia. Hay que subrayar el trabajo de los Instructores que llevaron adelante esta formación con una profesionalismo integral y absoluto”.

En tanto, el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez se mostró plenamente satisfecho por la conformación de esta nueva unidad operativa institucional a la que calificó de “histórica”.

“La formación de las mujeres que querían integrar el Cuerpo de Infantería era una cuenta pendiente que –hoy- estamos saldando. Felicito a las 39 que dieron este paso y a los familiares por el acompañamiento”, realzó Gómez.

Cuerpo de Infantería Femenina

Un grupo de 39 mujeres formarán parte del Cuerpo de Infantería Femenina de un total de 90 que habían comenzado un riguroso curso de aislamiento total. El personal proviene de las ciudades de Esquel, Comodoro Rivadavia,  Puerto Madryn, Trelew y Rawson. La instrucción estuvo a cargo del subcomisario, Javier Lefipán, junto a su equipo de formadores.

Mejor promedio en el “Curso Alacrán de Gendarmería Nacional”

Además, en el desarrollo de la ceremonia, el jefe de la Policía del Chubut,  concretó el traspaso del Oficial Inspector, Eliseo Queupimil, al GEOP quien realizó el exigente Curso “Alacrán” de 6 meses de duración a cargo de Gendarmería Nacional en Santa Fé.

Allí, Queupimil, realizó la etapa de formación junto con efectivos de Gendarmería Nacional y de otras Policías del país. Para orgullo Provincial e Institucional, obtuvo el mejor promedio de todos los empleados policiales intervinientes. A partir de ahora, Queupimil formará parte del G.E.O.P (Grupo Especial de Operaciones Policiales) de la Policía del Chubut.

De esta manera, la Policía logra ampliar sus unidades operativas para consolidar la tarea preventiva al servicio de la Seguridad Pública del pueblo del Chubut y reconoce a sus efectivos que enorgullecen a la institución por su rendimiento y su capacidad de respuesta a situaciones exigentes cuando son puestos a prueba con sus colegas del resto del país.

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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso

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La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.

La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.

La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”.  Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.

En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..

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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados

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La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.

Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.

La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.

Importante perjuicio económico y moral a la provincia

El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.

Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.

El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.

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