Policiales
La próxima semana comienza el juicio por la causa “Royal Canin”
La denominada causa “Royal Canin” comenzará a ser juzgada este lunes desde las 8. Hay cuatro acusados, entre ellos la exministra Leticia Huichaqueo, por haber vendido para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a Casa del Chubut durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia en 2017.
Los cuatro acusados por “peculado en concurso con falsificación de documentos públicos” son la exministra de Familia Leticia Huichaqueo; el ex subsecretario de Promoción Social Marcelo Suárez; Juan Carlos Gómez (era pareja de Huichaqueo) y la extitular del Sindicato de Amas de Casa de Rawson, Micaela Cordero. La causa la lleva el fiscal Héctor Iturrioz y el Tribunal está integrando por Mónica García (Comodoro Rivadavia), Martín O Connor (Esquel) y César Zarategui (Trelew).
El Código Penal reprime en su artículo 261 con prisión de dos a diez años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración o custodia le han sido confiados por razón de su cargo.
“Emergencia Climática”, el 2 de agosto
El próximo lunes 2 de agosto, está previsto el inicio del juicio oral y público en la causa conocida como “Emergencia Climática”, que juzgará sobreprecios y contrataciones directas durante el temporal que atravesó la provincia en marzo de 2017. Pero además hay una docena de causas por corrupción que involucran a ex funcionarios provinciales que se encuentran en etapa de investigación o que ya fueron elevados a juicio y esperan fecha de debate. En la lista de los pendientes aparecen la causa de Lotería, Servicios Públicos, “Ñoquis Calientes” y causas por presuntos enriquecimientos ilícitos, entre ellos a la familia Das Neves.
“El sobre-bomba”
La investigación comenzó a raíz del “sobre bomba” que llegó a la Legislatura en agosto de 2017 y contenía fotocopias de facturas de compras de materiales para la emergencia climática de la zona sur. A partir de allí se iniciaron diversas causas penales, entre ellas “Embrujo” y “Revelación”, sobre las cuales ya se realizaron los juicios.
En la causa de “Emergencia Climática” son doce los acusados. Dos de ellos ya están condenados en otras causas, como son Diego Correa y Diego Luthers, ex integrantes de la Secretaría Privada durante la gestión de Mario das Neves. También están acusados la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsecretario de Promoción social, Marcelo Suárez; los integrantes del área Cristian Orsi y Vanina Barale; y los proveedores Estanislao Finiguerra (Mall Don Bosco), Marta Fracasso (Blanquería Matices), Bruno Taurelli Chiribao (empresa Agrícola), Guillermo Williams (Casa Maza), Cecilia Sabada (Kiosco Emanuel) y César Hughes (Casa Maza).
El Tribunal estará integrado por los jueces Miguel Caviglia (Comodoro Rivadavia), Fabio Monti (Trelew) y Jorge Novarino (Sarmiento) y deberá juzgar la investigación sobre un sistema de facturas “truchas” por elementos que nunca fueron entregados durante la emergencia, como leña, colchones, pasto, agua y carne, entre otros. Se estima que el perjuicio al erario público superaría los 15 millones de pesos.
En la actualidad hay cerca de una docena de causas vinculadas a ex funcionarios provinciales que se encuentran elevadas a juicio oral o en etapa de investigación.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
