Policiales
La Viuda Negra pasará un mes en prisión preventiva y sus cómplices fueron dejados en libertad
Pasado el mediodía del jueves se llevó a cabo en los tribunales penales ordinarios la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un hecho acontecido el pasado 22 de agosto, que tiene como imputados a Micaela Ortellado, Damián Meza y Franco Ortellado. La representante de fiscalía solicitó se declare legal su detención y se les formalice el hecho calificado provisoriamente como “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa” a los tres imputados. Asimismo a Micaela Ortellado se le formalice otro ilícito por “encubrimiento por receptación” y se dicte su prisión preventiva. En contraposición la defensora no objetó el relato del hecho y requirió la libertad para Damián Meza y Franco Ortellado; en tanto que para Micaela Ortellado libertad con presentaciones y subsidiariamente su arresto domiciliario.
Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Jasmin Abraham, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de los tres imputados fue ejercida por maría de los Ángeles Garro, defensora pública.
En un primer momento la funcionaria realizó un breve relato del hecho a imputar cuando el pasado 22 de agosto, siendo aproximadamente las 12,45 hs., los tres imputados Micaela Ortellado, Damián Meza y Franco Ortellado se hacen presentes en un domicilio del barrio Bella Vista Sur a bordo de un automóvil. Micaela Ortellado se queda en el automóvil y los otros dos imputados fuerzan la puerta del living con intenciones de sustraer elementos. Este accionar es visto por un vecino que da aviso a un grupo de Whatsaap de los vecinos, y a la policía. Así Micaela Ortellado huye en el automóvil y los dos restantes a pie, en tanto que la primera es interceptada por un vecino y los otros dos imputados son aprehendidos cerca de la policía Montada. Calificando provisoriamente el mismo como “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa”.
El segundo hecho es que días previos al primer suceso personas desconocidas sustraen un Ford Escort estacionado sobre la calle Vicente López y Planes, seguido Micaela Ortellado recepta de personas desconocidas el vehículo en el cual es detenida en el primer hecho. Calificando provisoriamente el segundo hecho como “encubrimiento por receptación”, en calidad de autora para Micaela Ortellado.
A continuación la acusadora pública requirió se declare legal la detención ya que la misma fue realizada tras la sindicación de testigos y la de Micaela Ortellado fue una detención privada.
La defensora por su parte no objetó la detención de Micaela Ortellado, pero sí la de los otros imputados, ya que fue dos horas después y no se da la inmediatez de la flagrancia.
La funcionaria de fiscalía pidió la prisión preventiva de Micaela Ortellado por el término de dos meses en base a los elementos de convicción suficientes para tenerla como probable coautora del delito de “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa” y el de “encubrimiento por receptación”. Basó su pedido en la existencia del peligro de fuga, por la pena en espera, que será de cumplimiento efectivo, ya que la imputada tiene una pena anterior de cumplimiento condicional y varias causas en trámite por delitos contra la propiedad. Requiriendo el plazo de ley, 6 meses, para concluir con la investigación y recordando que el fiscal a cargo de la investigación es Juan Carlos Caperochipi.
La defensa por su parte solicitó la libertad de Damián Meza y Franco Ortellado y respecto de Micaela Ortellado solicitó su libertad con presentaciones semanales ya que no existen los peligros de fuga ni de entorpecimiento y es la única proveedora de asistencia a sus hijos. Subsidiariamente pidió su arresto domiciliario.
Finalmente la jueza penal resolvió dar por anoticiados a los imputados de los hechos que les imputa la fiscalía, que ha realizado un relato circunstanciado, claro y preciso de los mismos; y por asegurada su defensa. Estableciendo la legalidad de la detención de los tres imputados y la libertad para Damián Meza y Franco Ortellado. En tanto que a Micaela Ortellado le dictó un mes de prisión preventiva en base al peligro de fuga, la existencia de otras causas en trámite y la probabilidad que se vincule con otros procedimientos. Estableciendo por último el plazo de ley para finalizar con la investigación.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
