Policiales
Le dictaron tres meses de prisión preventiva a Silva por el homicidio de Raimapo
Por el crimen de Luis Alberto Raimapo ocurrido el 10 de septiembre pasado, imputaron como presunto autor a Lucio Silva quien permanecerá en prisión preventiva por tres meses.
El viernes y el día de hoy se desarrollaron allanamientos en el marco de la causa por el crimen de Luis Alberto Raimapo, dónde lograron la detención de Lucio Angel Gabriel Silva (30) y además se secuestraron las prendas de vestir que utilizaba el autor del hecho, teléfonos celulares y otros elementos de interés; de manera que este sábado por la tarde se llevó adelante la audiencia de control de detención del único aprehendido.
El acto judicial fue encabezado por el juez penal Jorge Odorisio; por el Ministerio Público Fiscal estuvo Camila Banfi, fiscal general y por la defensa, Lilian Bórquez, defensora pública.
De acuerdo al relato de la fiscalía, el jueves 10 de septiembre sobre las 20 horas, la víctima salió del centro diálisis Diaverum ubicado en la zona céntrica de la ciudad donde se atendía y concurrió al domicilio de una mujer de apellido Leguizamón en barrio Las Flores, retornando a su vivienda en barrio San Cayetano a las 22 horas a bordo de un remis.
Al ingresar su familia notó que estaba muy golpeado y aducía tener mucho dolor de cabeza de manera que se acostó. Al siguiente día, al despertar no podía moverse, decidiendo su familia trasladarlo al Hospital Alvear dónde fue inmediatamente intubado y al realizarle tomografías se constató que tenía fractura de cráneo y de tórax, falleciendo pocas horas después.
A partir de la labor investigativa se logró determinar que Raimapo había sufrido una agresión y robo en la intersección de avenida Rivadavia y calle Araucarias, un sujeto lo golpeó brutalmente y una vez que cayó pesadamente al suelo le sustrajo sus pertenencias. El autor quedó registrado en cámaras de seguridad lo que hizo que se lograra identificarlo como Lucio Angel Gabriel Silva de 30 años de edad.
Así la fiscal solicitó declarar legal la detención e imputar al detenido por el delito de homicidio en ocasión de robo, solicitando la prisión preventiva del mismo por tres meses.
Luego de pasar a un cuarto intermedio, el juez Odorisio decidió declarar legal la detención, y dictar la apertura de investigación por homicidio en ocasión de robo, determinando que Silva permanezca detenido por tres meses dado el violento suceso y teniendo en cuenta los conocimientos boxisticos del presunto autor.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
