Policiales
Lo llevaron a la alcaidía recién operado y otros internos piden por él
Martín Triviño ingresó este lunes al pabellón 8 de la alcaidía tras recibir el alta en el Hospital Regional. Sin embargo, otros detenidos denuncian que «lo están dejando morir». Argumentan que no cuenta con la asistencia médica necesaria para recuperarse del ano contranatura que le colocaron.
Martin Triviño ingresó este lunes en condición de detenido al pabellón 8 de la alcaidía policial, luego de haber sido dado de alta en el Hospital Regional, donde fue intervenido quirúrgicamente luego de haber recibido dos disparos en un tiroteo con un policía de la Brigada de Investigaciones.
Triviño había sido sorprendido el miércoles 3 de agosto por el sargento de la Brigada, Héctor Vidolini, cuando llevaba en sus brazos un televisor robado en una vivienda, luego de haber amenazado con armas de fuego a una mujer con sus hijos.
Vidolini le dio la voz de alto y Triviño le disparó, provocándole una herida en el brazo. El policía respondió la agresión también con disparos que dieron en el estómago de Triviño.
El delincuente escapó del lugar y fue detenido por otros efectivos policiales en el patio de una vivienda y lo trasladaron de urgencia al Hospital en calidad de detenido. Allí fue intervenido quirúrgicamente y actualmente -según los otros internos del pabellón- cuenta con un ano contranatura para defecar y una bolsa en la que orina. «Está desnudo y en pañales; no tiene noción en dónde está», dijo uno de sus compañeros de celda.
Para la Fiscalía, Triviño debía quedar detenido una vez que recuperase el alta. Adujeron la peligrosidad que representa para los testigos de la causa y la pena que se espera por los delitos cometidos.
Sin embargo, uno de los internos del pabellón 8 se comunicó por teléfono con los medios para pedir asistencia para el detenido porque considera que «lo están dejando morir» en las condiciones en que se halla, considerando que “no tiene la asistencia necesaria”.
La defensora Cristina Sadino también solicitó la prisión domiciliaria de Triviño, luego de haber visto las condiciones en las que se halla en el pabellón de la alcaidía del barrio Industrial.
Triviño está imputado por la tentativa de homicidio del policía y cuenta con otras causas en trámite. Incluso en el momento en el que se tiroteó con la Policía tenía dos pedidos de captura vigente por la Justicia, de los que se encontraba prófugo.
«La Policía está haciendo abandono de persona. Vino la Defensa, pero es como si nada porque lo dejaron tirado ahí nomás. Nosotros queremos hacerlo viral porque sabemos que va a haber gente a favor o en contra, pero a pesar de los errores que nosotros cometimos, somos seres humanos» dijo H.C., un interno de la alcaidía que en un mes recupera la libertad.
Fuente: El Patagónico
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
