Policiales
Massoni indicó que el 50% de las cámaras de seguridad ya están en funcionamiento
Lo reveló el Ministro de Gobierno tras una reunión que mantuvo con concejales de la ciudad. Dijo que desde el inicio de la semana se está trabajando en la reparación de los dispositivos y continuará hasta poner en marcha la totalidad del sistema.
El ministro de Gobierno del Chubut, Federico Massoni, manifestó este viernes que desde el inicio de la semana se dispuso un equipo de trabajo para que se reactiven las 123 cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes sectores de Comodoro Rivadavia. Reveló que ya hay un 50% de dispositivos puestos en funcionamiento e indicó que los restantes están siendo reparados o actualizados.
Massoni lo informó esta tarde en rueda de prensa luego de la reunión que mantuvo con concejales de Comodoro Rivadavia; el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez; el titular de la Unidad Regional de Comodoro, Ricardo Cerda y el subsecretario de Seguridad del Municipio, Héctor Quisle.
El funcionario sostuvo que una vez que el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, “nos dio la autorización escrita para que nosotros podamos ponerlas en marcha, atento a que existe una denuncia penal, envié una cuadrilla para que las cámaras de Comodoro funcionen”.
Precisó que no se trata de dispositivos de videovigilancia nuevos, sino que son “cámaras viejas y hay muchas que no se pueden poner en funcionamiento todavía” porque, aun estando registradas, tienen la licencia desactualizada, el software obsoleto y no están incluidas en el sistema.
El ministro aclaró que si bien se está trabajando para reactivar la totalidad de las cámaras, “lo que determinó implementar el Gobernador Arcioni en Comodoro es el Sistema de Emergencias 911, que es muy efectivo y para lo cual ya nos encontramos trabajando”.
Reunión con concejales
Massoni señaló que además del funcionamiento de las cámaras de seguridad, durante el encuentro “los concejales se interiorizaron sobre cuáles son las actividades preventivas que están llevando adelante el Ministerio de Gobierno y la Policía del Chubut, cómo se está haciendo la planificación a corto, mediano y largo plazo y otras dudas que hemos intentado sanear”.
Indicó que otro de los temas abordados fue el sistema de cuadrículas “donde se explicó que se lleva en base a determinado delito, y que es un sistema preventivo muy eficaz pero no en todos los lugares”.
En ese marco, sostuvo que durante la jornada de hoy participará junto a efectivos de la fuerza de diversos operativos para “analizar cómo van llevando las acciones en los distintos lugares, que no sea la misma acción preventiva sino que realmente se vayan adaptando al mapa del delito que nosotros enviamos todas las semanas de cada una de las jurisdicciones”.
Hechos delictivos
Massoni también se refirió al caso del joven Brian Gómez. “Es un caso que nos preocupa y nos ocupa, pongo todo a disposición de la familia porque tenemos la necesidad de clarificar qué pasó”.
Explicó que “siempre que exista la sospecha sobre algún efectivo de la fuerza, lo primero que se hace es apartar a ese agente, pero como acá no hay imputación directa nos vemos imposibilitados”. Además señaló que hasta el momento “son pocos los elementos que tenemos”.
Respecto a los últimos hechos delictivos ocurridos en la ciudad, el ministro manifestó que “todos están en investigación, algunos muy avanzados. Confío mucho en la Brigada de Investigaciones, su trabajo da muy buenos resultados, ellos actúan como funcionarios de soporte de la Fiscalía”.
Finalmente, aseguró que para brindar mayor seguridad a la ciudadanía “estamos dotando a cada una de las estructuras de la Policía de los elementos necesarios como para que puedan ser más eficientes”.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
