Policiales
Massoni se reunió con Jefes de Comisarías de Comodoro Rivadavia
El Ministro de Gobierno indicó que “estamos ocupados y preocupados por los últimos hechos delictivos. Vamos a ajustar rápidamente todas las acciones para prevenir”. En relación al joven golpeado en las últimas horas, el funcionario detalló: “Hay cinco testigos presenciales que niegan rotundamente la participación de efectivos policiales”.
El ministro de Gobierno del Chubut, Federico Massoni, se reunió este martes con los Jefes de las distintas Comisarías de Comodoro Rivadavia para analizar el mapa delictual y reforzar los mecanismos preventivos que se implementan en las jurisdicciones. “Si hay un aumento de hechos delictivos es porque algo tenemos que cambiar y si vemos que algo está fallando, lo vamos a ajustar rápidamente”, manifestó el funcionario.
Al término del encuentro desarrollado en la Unidad Regional de Comodoro, Massoni brindó una conferencia de prensa e indicó que convocó a los titulares de las dependencias policiales en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad.
“Esto conlleva la ocupación y preocupación no solo de este Ministerio sino también de la Jefatura de Policía, porque venimos con determinada media delictual y repentinamente notamos un pico en una jurisdicción determinada”, sostuvo Massoni.
A su vez, el Ministro de Gobierno reveló que la reunión fue convocada para analizar las políticas preventivas que se vienen llevando adelante en los diferentes sectores de la ciudad. “En la conversación que tuvimos me doy cuenta que se están llevando adelante los procedimientos preventivos, pero lo que debemos hacer es establecer, de acuerdo al delito que se cometió, cuál es el mecanismo que vamos a utilizar”, señaló.
Luego, Massoni consideró que “el trabajo preventivo es correcto y el personal está actuando de forma profesional, sin embargo, si hay un aumento de hechos delictivos es porque algo hay que cambiar”.
Asimismo, el Ministro advirtió que la identificación vehicular y de personas “debe ser algo cotidiano, y además cada jurisdicción tiene que analizar el mapa delictual que le mandamos cada semana”.
Joven golpeado
Sobre la golpiza que el joven Brian Gómez recibió el pasado fin de semana en el centro de la ciudad, Massoni manifestó que “me preocupa que exista alguna sospecha para con el personal policial. Pedí todas las líneas de investigación y las declaraciones que se han tomado, hay cinco testigos presenciales que niegan rotundamente la participación de efectivos policiales”.
Aseguró que “vamos a seguir con todas las líneas investigativas, queremos descubrir quién fue, y por eso la Brigada de Investigaciones está analizando todas las filmaciones del lugar”.
Cámaras de seguridad
Consultado por el funcionamiento del sistema de video vigilancia en Comodoro Rivadavia, Massoni señaló que “la Secretaria General de Gobierno envió a Fiscalía una nota solicitando que nos autorice la intervención de las cámaras porque no podemos seguir de esta manera”.
Explicó que una vez que la Fiscalía lo autorice, “automáticamente ya nos ponemos a trabajar para que esas cámaras vuelvan a funcionar hasta tanto se implemente el sistema del 911. No podemos dejar a Comodoro sin ojos”.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
Policiales
Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
