Policiales
Montiel seguirá detenido por un intento de robo armado
Por sistema de videoconferencia, el miércoles se concretó la audiencia de revisión de la prisión preventiva por un ilícito acontecido el pasado 9 de marzo del presente año, que tiene como imputado a Blas Montiel. La fiscal solicitó se mantenga la presión preventiva que viene cumpliendo el imputado por el término de seis meses. Por su parte el defensor no planteó objeción al planteo de la fiscal. Finalmente la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva que viene cumpliendo Montiel por seis meses o hasta que se fije la audiencia para el tratamiento del juicio abreviado, lo que ocurra primero.
Presidió la audiencia Mariel Suarez, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Andrea Rubio, fiscal general, en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.
El ilícito a tratarse en el abreviado acontece el pasado 09 de marzo de 2021 siendo aproximadamente las 11:00hs en circunstancias en las que Blas Alejandro Montiel y una de las víctimas, se encontraban a bordo del vehículo de éste último, un Volkswagen Bora, color negro, conduciendo este por calle Benito Lynch, Montiel lo amenazo con el arma de fuego Marca Bersa Thunder, calibre 9 mm., motivo por el cual la víctima detuvo la marcha en Benito Lynch al 900, descendió del vehículo y corrió por calle Benito Lynch, siendo perseguido por Montiel, quien efectuó al menos dos disparos con el arma de fuego.
En tales circunstancias y para protegerse de la agresión armada, el damnificado ingreso al local comercial que gira bajo la razón social Feria S y M, ubicada en calle Juan XXIII y Benito Lynch, casi Malvinas, de esta ciudad, donde Montiel continuo apuntando y amenazando a la víctima con el arma de fuego, motivo por el cual este le entrego dinero y su celular Samsung blanco, circunstancias en las que la víctima logra escapar del lugar siendo seguido por Montiel y cuando se están retirando del local, Montiel se dirige a la empleada del lugar, y apuntándola con el arma de fuego le dijo “… y vos dame la plata, apúrate” , por lo que ésta le entrego el dinero que se encontraba en la caja, para luego darse a la fuga por calle Malvinas y Juan XXIII en sentido Norte por Malvinas.
Personal policial de la Seccional Segunda anoticiado por un transeúnte, quien refirió que dos masculinos se encontraban peleando en la esquina de Malvinas y Juan XXIII y uno de ellos con arma de fuego, aportando a su vez las vestimentas de ambos, como así también con la sindicación efectuada por empleados del local comercial, procedieron a la aprehensión de Montiel en el taller Mecánico Hangar ubicado en calle Juan XXIII al 700, del Barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad, quien previo a su aprehensión se descartó del arma de fuego con un cartucho a bala en recamara, y otro en el almacén del cargador, con cuatro cartuchos a bala, en condiciones inmediatas de uso y sin contar con la debida autorización para detentar dicho armamento.
Calificando jurídicamente el mismo como “amenazas con arma de fuego, en concurso real con robo con arma de fuego (dos hechos) en grado de tentativa, en concurso real” por el que deberá responder en calidad de “autor”.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
