Policiales
Orellana Castro seguirá detenido
La mañana del presente viernes se concretó una nueva audiencia de revisión por un caso de privación ilegítima de la libertad y amenazas con arma de fuego que tiene como imputado a Wilson Orellana Castro. La representante de fiscalía solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado hasta la audiencia preliminar. Por su parte el defensor solicitó la libertad con presentaciones de su asistido. Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva, con salidas laborales de Orellana Castro por el término de dos meses.
Presidió la revisión Raquel Tassello, jueza penal subrogante; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de imputado fue ejercida por Alejandro Fuentes, abogado particular del mismo. También se encontraba presente en la audiencia la víctima asistida por una profesional del SAVD.
La fiscal se refirió a la última audiencia de revisión del caso el pasado 10 de noviembre, en la cual se prorrogo la prisión preventiva del imputado por tres meses, con salidas laborales más una prohibición de contacto con la víctima y sus hijos. La fiscal solicitó se mantenga dicha medida de coerción hasta la audiencia preliminar de la causa ya que la misma está acusada. Realizando un relato de los hechos investigados calificados jurídicamente como “coacción agravada por el uso de arma, dos hechos”, en el segundo hecho “en concurso con privación ilegítima de la libertad, agravadas por ser cometidas con violencia o amenazas y por ser su pareja”. En la acusación se estimó una pena en expectativa de seis años de prisión. El mantenimiento de la medida de coerción se solicitó en base a la existencia del peligro de fuga, por la gravedad de los hechos, la pena en expectativa; pero con especial énfasis en el peligro de entorpecimiento, afirmó la fiscal. En cuanto a la retractación de la víctima debe ser interpretada como una señal más de que la víctima se encuentra inmersa en el círculo de violencia. Esta situación hace que el peligro de entorpecimiento sea muy claro, concluyó la fiscal.
Por su parte el defensor se refirió a la presunción de inocencia de toda persona sometida a proceso y a la no existencia de los peligros de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. La víctima y sus hijos nunca fue amenazada. Solicitando que se le otorgue la libertad a su asistido, con presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial, y con la prohibición de salir de la ciudad sin autorización judicial. También con prohibición de contacto y acercamiento con la víctima. Subsidiariamente solicitó su arresto domiciliario con autorización de salidas laborales.
Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva, con salidas laborales de Orellana Castro por el término de dos meses.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
