PATAGONIA ARGENTINA: DOBLECES DE UN CONTRATO SIN FIN

El contrato de concesión del transporte público de pasajeros data del año 2007, y diseñó el servicio para la ciudad de ese momento, cuando aún no existían urbanizaciones que hoy están en pleno auge, y la población era mucho menor. Como en el caso de  todos los servicios concesionados,  ese  contrato solo podía durar 10 años, aunque antes de que concluya la gestión Di Pierro se otorgó una prórroga anticipada.

Fue en 2015, semanas antes de que Di Pierro dejara la intendencia, y el argumento de base fue que la empresa prestadora debía recuperar lo invertido en monederos electrónicos, que serían reemplazados ese mismo año por el sistema SUBE.

Hay que decir, sin embargo, que Patagonia Argentina estaba obligada por contrato a hacer esa inversión, y su amortización por ende debía estar prevista largamente cuando cotizó los diez años de prestación: hasta 2007 en Comodoro los choferes de colectivos “cortaban boletos”, y los pliegos de licitación plantearon la obligatoriedad de instalar monederos electrónicos para adecuarse a la Ley Nacional de Tránsito.

Patagonia Argentina tenía un año para hacerlo, aunque no fue hasta entrado 2009 cuando instaló el primer monedero “de prueba” en una unidad, y recién en 2010 fue de aplicación en todas las unidades – con el plazo legal largamente vencido – adquiridas a la empresa Coin Control.

Como se dijo, era una obligación contractual para la empresa, y por ende incluido en sus cálculos de cotización. Para 2015, y con plena vigencia del sistema SUBE a nivel nacional, el transporte público local debía efectuar el recambio de equipos por estos últimos, ya que la promesa era que permitiría cruzar datos con ANSES y subsidiar directamente al pasajero, y no ya a la empresa, que siempre recibió millonarios aportes bajo ese ítem.

Así, antes de dejar la intendencia, Di Pierro mandó al Concejo un proyecto para otorgar anticipadamente una prórroga: el contrato vencía recién en 2017, pero el entonces intendente decidió en 2015 que a partir de esa fecha (dos años más adelante) debía aplicarse una prórroga por cinco años más. Como se mencionó, el argumento era que la empresa debía poder amortizar la inversión efectuada y que quedaba obsoleta con el recambio por SUBE, sin tener en cuenta un detalle no menor: Patagonia Argentina no asumió el costo de instalación de SUBE, la inversión estuvo a cargo del gobierno nacional. La deducción es simple entonces, al término del contrato en 2017, la empresa debía haber amortizado la mencionada inversión, y no era argumento suficiente para garantizarles 5 años más de prestación, aunque se hizo.

Con esos antecedentes, el contrato por el transporte público de pasajeros vencía el 30 de marzo de este año. A esos efectos, el Ente de Control de los Servicios públicos debería haber  tenido redactados los nuevos pliegos del servicio para los primeros meses de 2021, dando el margen necesario para aplicar todo el proceso licitatorio. Inexplicablemente esto tampoco sucedió, y por eso la ciudad llegó a la instancia actual, en la que el Concejo termina prorrogando un año más el contrato que ya excederá por seis años más el que establece el marco regulatorio de servicios públicos.

En este contexto, para fijar nuevos recorridos o frecuencias, hay que hacerlo por ordenanza y determinar precios adicionales, y sigue sin completarse el estudio integral del sistema que no deje a ningún barrio “afuera” del servicio. Si realmente se quieren cumplir con los plazos nuevamente fijados, los nuevos pliegos deberían estar redactándose desde hace varias semanas.