Policiales
Pedido de arresto domiciliario: la jueza Breckle recorrió el lugar donde se encuentra detenida Huichaqueo
La jueza de ejecución Karina Breckle resolverá, dentro del plazo legal que tiene para hacerlo, la situación de detención de la ex ministra de familia Leticia Hichaqueo que purga una condena en la causa identificada como “Royal Canin”. La magistrada recorrió su lugar de detención, el pabellón de mujeres del Instituto Penitenciario Provincial (IPP).
Todos los testimonios recabados hasta el momento serán remitidos al Cuerpo Médico Forense para que realice un informe que completará la serie de datos en los que la magistrada basará su resolución.
A través de su abogado defensor Javier Romero, la ex funcionaria provincial, pidió el arresto domiciliario, argumentando de manera personal también y a través de profesionales médicos su padecimiento de diabetes, hipertensión sumada a una situación de estrés y pánico por el encierro al que es sometida en el pabellón de mujeres del IPP.
En la continuidad de la audiencia de incidente a solicitud de la defensa de Huichaqueo se escucharon testimonios del médico de cabecera de la ahora condenada, una psicóloga y psiquiatra que la atendió en las últimas semanas, como así también una operadora de la Fundación “Puerta Violeta” dedicada al acompañamiento de mujeres que son víctimas de violencia de género.
Además de escuchar a los defensores, a profesionales médicos, otros testigos y al fiscal general Héctor Iturrioz que llevó adelante la persecución penal en contra de Huichaqueo, la jueza Breckle informo que durante casi tres horas recorrió las instalaciones y personalmente conversó con otras mujeres detenidas en el lugar, guardias policiales y personal que custodia a los detenidos en el IPP.
Asimismo, visitó los pabellones, los sanitarios, cocina y la celda en la que se encuentra detenida Huichaqueo. También lo hizo en la enfermería, donde se interiorizó del mecanismo de atención de salud que tienen las personas allí detenidas, la atención que se realiza habitualmente y en situaciones de emergencia.
Los testimonios escuchados y la recorrida realizada, sumado al dictamen del Cuerpo Médico Forense, serán la base para argumentar su resolución. En la audiencia de este jueves, Huichaqueo se dirigió a la magistrada insistiendo en que se le conceda el arresto domiciliario, además de dar detalles de su padecimiento.
La ex funcionaria cumple una condena de cuatro años de prisión por la venta ilegal de alimento para perros que la firma Royal Canin había donado en el marco de la situación de emergencia climática que padeció principalmente la población de Comodoro Rivadavia durante la emergencia climática entre los meses de marzo y abril del año 2017. La Sentencia firme paso por todos los controles del sistema judicial.
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La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
