Policiales
Policía y personal municipal controlarán el cumplimiento de las últimas medidas
El intendente Juan Pablo Luque recibió al ministro provincial encargado de la seguridad, Federico Massoni, para escuchar de qué manera se van a implementar los controles de cumplimiento del decreto provincial que se anunció ayer para Comodoro y Rada Tilly, con las nuevas medidas de circulación por dni, prohibición de actividades deportes, culturales y religiosas y algunas complementarias como el límite de dos personas por vehículo.
De la reunión participaron además los secretarios municipales Ricardo Gaitán, Gustavo Fita, Maximiliano Sampaoli, Ezequiel Turienzo, jefes de todas las comisarias, fuerzas federales y seguridad vial de la Provincia.
En ese marco, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, explicó que “estamos intentando encarar esta situación crítica que está viviendo Comodoro de la forma que afecte en la menor medida posible al ciudadano y su desenvolvimiento. Somos conscientes de que la gran mayoría de los ciudadanos es respetuosa de los protocolos sanitarios que tienen que cumplir, pero hay una minoría irresponsable que es la que nos está llevando a tener este nivel grande de contagio y que impacta la cuestión sanitaria”.
En esa línea dijo que el objetivo es “tomar conciencia” y aclaró que “todos podrán hacer su vida en la forma más normal posible, siempre que cumplan con los protocolos y las normas establecidas. No queremos llegar al nivel de prohibir sino regular el movimiento para cortar con los contagios, no queremos llegar al nivel de cerrar negocios porque sabemos que la economía esta complicada, y los comercios necesitan vender y seguir subsistiendo”.
Las medidas en detalle y cómo se controlarán
El ministro se refirió al operativo que llevarán adelante a partir de hoy, tanto en Comodoro como en Rada Tilly: “Apelamos a que se dé cumplimiento a estas normas que son mínimas. Si usted es impar, vaya otro día, tiene 3 días para ir a comprar. Lo que necesitamos es entender que hay que achicar la circulación”.
En cuanto a la circulación, advirtió que será “de 7 a 21 horas con un control será estricto: auto que circule, auto que se secuestre salvo que tenga la excepción”.
En referencia a los locales gastronómicos advirtió que serán controlados para que cumplan con la normativa ya vigente de respetar el 50% de la capacidad, el distanciamiento -esto para cualquier comercio- y el horario por turnos hasta las 23 horas.
Sobre la consulta por la cantidad de personas permitidas en un vehículo, que según el decreto es hasta dos, aclaró que “si son dos mayores, y tienen a su hijo atrás menor de edad, se va a advertir, pero no secuestrar. En otros casos, se va a multar fuertemente”.
Además, habrá retenes aleatorios, control en transporte público y de personal, 2para corroborar que todos lleven tapaboca-nariz, que exista alcohol en gel para limpiarse las manos y que no estén tomando mate en grupo”.
Unificar el criterio
Desde el municipio, el secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, explicó que “el intendente encomendó armar esta reunión con las fuerzas federales, provinciales, el ministro Massoni, jefe de unidad regional, comisarios, para unificar el criterio de trabajo a partir de hoy a la tarde, para evitar la circulación salvo a aquellos que sean trabajadores esenciales o tengan autorización para delivery o cuentapropista”.
Respecto a los permisos, Gaitán aclaró que se mantienen vigentes los otorgados en su momento para cuentapropista, delivery y otros rubros.
“Todas estas medidas se tomaron para ir volviendo de a poco a una nueva normalidad. La idea es poder bajar al máximo la circulación y que permita disminuir la cantidad de contagios del virus en la ciudad”, sentenció.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
Policiales
Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
