Policiales
Postergan el juicio contra la manada de Chubut
A tres días de comenzar el juicio a los tres imputados de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en el 2012, el Tribunal pidió licencia. La dilación judicial como forma de impunidad.
En la primavera del 2012 cinco varones drogaron y violaron a una adolescente de 16 años durante una fiesta en una casa en la playa Unión, en Rawson, Chubut. Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Robertino y Francesco Viglione, son los nombres del grupo de violadores que luego sería conocido en la sociedad y en la historia como «La manada de Chubut» o «Los hijos del poder», debido a que la casa donde ocurrió la violación grupal era del nieto del exgobernador radical Atilio Oscar Viglione.
Con apenas 16 años, la víctima y sobreviviente se debió exiliar de su provincia porque al contar lo que le había pasado nadie le creyó y todas las miradas sociales la volvieron a revictimizar, culpándola y responsabilizándola de los abusos sufridos. Debieron pasar siete años para que a través de un posteo en las redes sociales, contara su verdad y comenzara a ser escuchada.
Este lunes 21 de febrero, después de casi 10 años de impunidad, iba a comenzar el juicio contra los tres imputados: Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci, ya que los otros dos fueron sobreseídos a pedido del fiscal Fernando Rivarola, el mismo que utilizó la expresión «desahogo sexual doloso» en el pedido de juicio abreviado contra los violadores. Quintana, Del Villar y Mallemaci serán juzgados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante”
Sin embargo, a tres días de iniciar el juicio oral y público, un juez y una jueza del Tribunal, definido en abril del año pasado, pidieron licencia dilatando otra vez los tiempos de la Justicia.
El colectivo feminista que acompaña a la sobreviviente escribió en un comunicado: «Hay una joven que pide a gritos justicia y del otro lado una justicia cómplice que dilata los tiempos de ejecución con excusas irrisorias».
Y agregaron: «Luego que el Fiscal de la causa, Fernando Rivarola, señalara al acceso carnal como un desahogo sexual grupal ahora debemos soportar a jueces que deciden no cumplir su rol, sabiendo que con sus acciones los imputados son los únicos beneficiados».
La Nueva Mañana dialogó con fuentes cercanas a la querella para conocer más acerca de cómo seguirá el proceso judicial ahora y cómo repercutió la postergación del juicio en la víctima.
«El juicio estaba previsto desde abril del año pasado, y a dos días de comenzar el debate, se desintegra y convoca a dos juezas, porque dos jueces piden licencia, y resulta que con esto se habilita a que la defensa plantee postergaciones para poder ejercer las recusaciones, que obviamente le corresponde pero son maniobras dilatorias del sistema judicial. Creímos que la dilación del proceso vendría de parte de los imputados, pero vino nada más ni nada menos que de parte de la Justicia. Estos jueces y juezas que dilatan y revictimizan de forma sistemática. Pero ella -en referencia a la víctima- es una sobreviviente que se ha preparado todos estos años para soportar en su cuerpo tanta crueldad», señalaron las fuentes a La Nueva Mañana .
En cuanto a los primeros años del pedido de justicia y verdad, las fuentes recordaron que hasta llegar al juicio, la víctima y sobreviviente fue denostada y revictimizada: «Como siempre ocurre con las mujeres, no importa cuántos sean sus violadores, cuántas veces sea abusada, la mujer siempre tiene la culpa. Y en este caso ella fue culpabilizada. Fue denostada. Fue tan terrible que ella debió exiliarse, así que ella vuelve a decir su verdad en el 2019 a través de un posteo en Facebook y su verdad es tomada por la sociedad. Ahora a ella se le cree. Y los que tienen que hablar y explicar, son los varones, los imputados. Y que como quedó demostrado en esta postergación del juicio, la Justicia y su defensa, quieren impedir que hablen».
Respecto a cómo repercutió en la joven la postergación del inicio del juicio, las fuentes detallaron que «se angustió mucho». «Todos los pasos que vamos dando dentro del proceso, ella es la primera que sabe. Venimos trabajando con mucho cuidado, es una causa terrible, se han suicidado chicas dentro de tanta impunidad, por ello el especial cuidado. Ella se angustió mucho porque van a hacer 10 años de este hecho y hace tres años que está en un manoseo judicial, y con toda la ansiedad que implica el comienzo de un proceso de justicia. Nuestra expectativa es que comience el juicio y sean condenados, pero más allá de esto, lo importante es que su verdad se conoció y fue tomada por la sociedad, ahora solo resta verlos presos. Los violadores tienen que hablar», comentaron.
Finalmente, y tras el pedido de licencia de los dos magistrados, fueron designadas dos juezas nuevas, por lo que el juicio comenzaría, de no haber otras dilaciones, el 24 de febrero a las 9.30 de la mañana.
Fuente: La Nueva Mañana
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
