Policiales
Secuestran en Trelew 200 colchones comprados en la emergencia de Comodoro
La justicia incautó el material que estaba en un depósito comercial de Trelew. El gobierno los habría comprado tras el temporal en Comodoro y nunca los retiró.
Policía del Chubut bajo la supervisión de los fiscales de la unidad anticorrupción proceden al secuestro esta mañana de una importante cantidad de colchones.
Se trata de alrededor de 200 unidades que estaban en un depósito comercial ubicado en Pecoraro y Rawson de Trelew, donde habrían quedado tras ser adquiridos con destino a la emergencia climática del año pasado.
En el procedimiento estuvieron presentes los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, quienes supervisaron la actuación e informaron que se llega a este material a través de las pesquisas realizadas sobre el teléfono del exfuncionario e imputado en las causas Embrujo y Revelación, Diego Lüters.
Según la información brindad por los fiscales, los colchones fueron comprados y pagados al comercio Casa Maza, de Trelew, donde se encontraban hasta el momento en que fueron secuestrados este jueves.
El Fiscal Omar Rodríguez informó a FM Tiempo Trelew que el procedimiento “se da en el marco de la causa de la emergencia, hemos encontrado a un proveedor que en su momento había hecho ventas al estado y que en el día de ayer nos manifestó que tenía en su poder unos 300 colchones”.
“En función de la investigación teníamos un dato que surge de uno de los teléfonos donde aparecía una persona teniendo contactos con Diego Lüters y buscando a esa persona es que nos encontramos con el dueño del negocio, quien nos manifestó voluntariamente que estos colchones fueron vendidos en su momento, se los pagó y que él los tenía en su poder en el depósito” dijo Rodríguez y agregó como dato que “en el marco de los expedientes aparecen que fueron entregados, firmados los remitos”.
En el operativo de este jueves se procedió al secuestro del material y el envío del mismo al Ministerio de Familia, “porque son del estado” aseguraron los fiscales.
Por su parte, el fiscal Alex Williams indicó que la investigación conocida como “causa de la emergencia” investiga episodios de sobrefacturación,
sobreprecios y eventual fraude al estado, donde “figura mercadería que nunca se entregó”, aunque reconoció que en este caso se trata de “una rareza porque a razón de verdad se pagó la mercadería, no se entregó al estado, y como decía el Doctor Rodríguez, los remitos aseguran que la mercadería se había entregado”.
El fiscal explicó que las compras se hacían “desde la unidad gobernador, pero en todos los expedientes se fraguaba la intervención del Ministerio de Familia” y agregó que existían “solicitudes de pago, compras que nunca habían pasado por ese ministerio”.
Williams detalló que “lo que se le imputa a Suárez en los expedientes es que figura pidiéndole al subsecretario de la Unidad Gobernador que tramite el expediente, el pago pero sobre compras que el nunca solicitó ni pidió para el ministerio”.
Fuente: Diario Jornada
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
Policiales
Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
