Policiales
Seguridad: Arcioni anunció la creación de la Unidad Antinarcóticos en Chubut
El anuncio lo realizó el mandatario provincial en el marco de la presentación del “Informe Delictual 2020”, por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
El gobernador, Mariano Arcioni, acompañó este viernes al ministro de Seguridad, Federico Massoni, en la presentación del “Informe Delictual 2020” de la Provincia del Chubut. En ese marco, el mandatario provincial destacó la labor de la Fuerza de seguridad y anunció la creación de la Unidad Antinarcóticos.
En la presentación realizada en la Sala de Situación de Jefatura de Policía, en Rawson, estuvieron también presentes el jefe y subjefe de la Policía provincial, Miguel Gómez y Néstor Gómez Ocampo, respectivamente, y la Plana mayor de la Fuerza.
Luego de la exposición del ministro de Seguridad, Federico Massoni, el Gobernador Arcioni felicitó “al Ministro, al Jefe de Policía y a todo su equipo por el gran trabajo que viene desarrollando”, y explicó que “acabamos de ver una presentación detallada, y eso significa que hay un trabajo muy duro por detrás para saber qué se va a combatir. Desde el Poder Ejecutivo, vamos a acompañar todas y cada una de las acciones de la Policía del Chubut, para combatir el delito y que no quede en los discursos”.
“Acompañaremos desde la capacitación, el equipamiento, con un sueldo digno”, aseguró Arcioni y realzó: “nuestra Policía es un orgullo para todos los chubutenses, por eso tendrán todo mi acompañamiento y reconocimiento ellos, y sepan que todo lo que esté a nuestra disposición estaremos acompañando”.
Creación de la Unidad Antinarcóticos
En ese marco, el Gobernador anunció que “hoy mismo firmaré la creación de la Unidad Antinarcóticos. Se elaboró con un plan detallado para saber qué y cómo se va a combatir el delito. Durante mucho tiempo el tema seguridad se utilizó para cuestiones de campaña, quedaba sólo en lo discursivo, para tapar noticias políticas, pero nunca se trabajó como se tenía que trabajar”.
“No se puede esperar cambios haciendo exactamente lo mismo y tampoco si no tenemos una cúpula capacitada, honesta, decente, comprometida como la que tenemos. Por eso todo el acompañamiento lo tendrán por parte del Ejecutivo y todas las herramientas legales que podamos las presentaremos en la Legislatura”, indicó el primer mandatario provincial.
Asimismo, Arcioni señaló que “en tiempos de pandemia, siempre se reconoce al personal de la salud, pero a pocos escuché reconocer a la Fuerza policial. Todos tenemos obligaciones y responsabilidades más cuando somos servidores públicos y no los he escuchado quejarse por tener frío, estar a la vera de una ruta a la madrugada, por eso mi agradecimiento y destaco el trabajo de cada integrante de la Policía del Chubut”.
Trabajar en forma conjunta
Por su parte, el ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, manifestó que “son muchas cuestiones que tenemos que abarcar pero tenemos que trabajar en forma conjunta los tres poderes del Estado y los municipios de cara a la necesidad de la ciudadanía. Debemos engranarnos en la búsqueda del bien común y ser más inteligentes”.
“Cuando uno va al territorio, ve que hay mucha gente que tiene miedo de que le pase algo por las denuncias a alguien que se cree que es impune y gobierna los distintos barrios. Con esto no estigmatizo a los barrios, el 99% son trabajadores de bien y el 1% son estos delincuentes que creen que con la violencia puede gobernar la vida de sus vecinos y eso no lo vamos a permitir. Estoy para defender al que tiene menos oportunidades, y para cuidar y hacer cumplir la ley”, remarcó el titular de Seguridad.
Denuncias anónimas
Massoni informó que “a partir de ahora tendremos el número de denuncias el cual está habilitado para llamadas, mensajes y whatsapp que es el 280-4321272. Las denuncias son totalmente anónimas, pero esto nos permitirá ver la realidad y poder intervenir e interceder y ser más eficientes”.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
