Policiales
Uno de los delincuentes que dio un golpe comando en el Hotel Lucania continuará detenido
La mañana del pasado viernes se efectuó por videoconferencia la audiencia de revisión de la prisión preventiva para uno de los imputados por el robo al Lucania Palazzo Hotel, Jonathan Leyton, acontecido el pasado 12 de Agosto de 2019. El fiscal pidió se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado; en tanto que la defensa no controvirtió el pedido del acusador público. Finalmente la jueza natural de la causa dispuso prorrogar la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses, o bien hasta que se concrete la audiencia preliminar de la causa, lo que ocurra primero.
La audiencia de revisión fue presidida por Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la defensa de Leyton fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.
El hecho investigado acontece el día 12 de Agosto de 2019, a las 02:00 hs. aproximadamente, cuando Jonathan Emanuel Leyton ingresó por la puerta principal de acceso al Hotel Lucania Palazzo, sito en calle Moreno Nº 676 de esta ciudad, y dirigiéndose a un empleado, quien se encontraba cumpliendo su tarea habitual de recepcionista, se identificó con un nombre falso manifestando que tenía una reserva efectuada con anterioridad.
En esa instancia y cuando dicho empleado se disponía a registrar al nuevo huésped, Leyton extrajo de entre sus ropas un arma de fuego de color negro tipo pistola, deslizó la corredera hacia atrás como dejando “bala en boca” y apuntando hacia el empleado le dijo que se quede tranquilo que no venía por él, exigiéndole que lo guie hacia las oficinas de la administración, sustrayéndole además en ese trance una billetera de cuero con documentación y dinero, propiedad de este último.
Al mismo tiempo, Marcos Gustavo Ceron junto a dos personas más, movilizándose a bordo de una Camioneta marca VW Amarok, color blanca, doble cabina y paragolpes de color negro, se hicieron presentes en el portón de acceso al Estacionamiento del Hotel y accionaron el llamador; lo que provocó que el guardia de ese sector, ya advertido que por esas horas arribaría al Hotel un pasajero, abriera el portón eléctrico y se dirigiera al acceso para la recepción formal del supuesto huésped.
Una vez que la pick up de referencia hubo de haber ingresado al estacionamiento, el guardia se dirigió hacia el conductor del rodado, ocasión en que desde las plazas traseras descendieron dos personas de sexo masculino, con sus rostros cubiertos quienes portando armas de fuego redujeron al custodio luego de un breve forcejeo durante el cual uno de los agresores le propinó golpes en el cráneo con el arma de fuego del tipo revolver que portaba, causándole lesiones de carácter leve.
De inmediato y habiendo ya reducido al vigilador procedieron a atarlo de pies y manos con trozos de alambre que los intrusos trajeron consigo; tras lo cual le sustrajeron su teléfono celular marca Motorola. En ese mismo momento el empleado recepcionista fue conducido por Leyton hacia la Cochera del Hotel, donde este último, asistido por sus consortes, lo arrojaron al suelo junto al guardia de la cochera procediendo también a maniatarlo de pies y manos con trozos de alambre idénticos a los usados para aprisionar a su compañero.
Una vez reducidos los empleados Leyton y Ceron se dirigieron a los pisos superiores donde se sitúan las oficinas administrativas y las oficinas del sector de eventos de donde sustrajeron dinero en efectivo, dos proyectores (cañones) marca Viewsonic y las llaves de un vehículo Fiat Toro propiedad de un huésped. Así entonces y tras apoderarse del dinero y elementos ya descriptos los integrantes del cuarteto se dieron a la fuga en la pick up en la que habían arribado.
Policiales
La Cámara en lo Penal deberá definir si impugna la sentencia de un condenado por abuso
La mañana del presente miércoles se concretó en la Cámara en lo Penal local por solicitud de la defensa de N.M.M. la audiencia de impugnación ordinaria. La defensora solicitó se realice un nuevo debate y se reduzca la pena al mínimo establecido para el delito 12 años de prisión. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de juicio por jurados, y la pena de 22 años de prisión para N.M.M.. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 24 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutiva y los fundamentos sintéticos del fallo.
La Cámara en lo Penal ante quienes se realizó la impugnación fue integrada por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Mónica García, jueces de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de N.M.M. fue ejercida por María cristina Sadino, defensora pública.
La defensora solicitó se realice un nuevo juicio por “violación a garantías constitucionales ya que se han dado instrucciones al jurado que condicionaron su decisión”. Refiriéndose a “una deficiente redacción de la plataforma fáctica” que subsume hechos bajo la figura de “abuso sexual en concurso ideal con corrupción de menores”. Asegurando que “el delito de corrupción se materializa en forma distinta al abuso sexual y que desde la plataforma fáctica no se vislumbra la corrupción. La naturalización no está descripta en el hecho”, continuó la defensa. “Esta deficiente redacción del hecho afecta el derecho a defensa”. Además, todas estas conductas son tenidas en cuenta para elevar la pena a 22 años de prisión. “El juicio por jurados fue desprolijo y se deben procurar para el futuro buenas prácticas”. En cuanto a la pena impuesta “viola el principio de humanidad y progresividad del régimen de cumplimiento de la pena, no es posible reinsertarse con dicho monto en la sociedad”. Calificando la pena como “arbitraria, excesiva y desproporcionada con los injustos que se le achacan”. Haciendo referencia a su historia de vida y de vulnerabilidad psico-social en la que se crio su asistido. Por lo cual solicitó se reduzca la pena al mínimo de 12 años de prisión.
En contraposición la fiscal argumentó que los argumentos de la defensa ya fueron contestados por escrito. Existe una particularidad en los juicios por jurados y es que el trabajo debe hacerse previo al juicio, precisamente en la audiencia intermedia. Argumentando que la cuestión de la doble agravante, por “el vínculo y por la convivencia, la defensora no se opuso en la audiencia intermedia a que la calificación vaya con el doble agravante”. Preguntándose ¿cómo se va a agraviar de nuevo, cuando no lo hizo en la audiencia intermedia? En el hecho se describen conductas reiteradas y progresivas en el tiempo, que conllevan a naturalizar las mismas en las niñas y al delito de corrupción de menores, continuó la fiscal. Como se produce la develación de los hechos, cuando la madre advierte un hecho en flagrancia. La corrupción de menores en el caso está totalmente configurada por la reiteración en el tiempo, la progresividad y habitualidad y la asimetría de autoridad del atacante. “En cuanto al planteo de la defensa para que su asistido no sea condenado por el agravante de la convivencia, se le explicó al jurado como convención probatoria que existía la convivencia”. Sobre la pena la fiscal sostuvo que no viola el principio de culpabilidad, ni la proporcionalidad ni la resocialización. También hay que tener en cuenta el fin retributivo de la pena, con dos víctimas menores en un caso extremadamente grave como el presente. La pena debe ser proporcional y acorde con el principio de culpabilidad, concluyó la fiscal. Por todo lo cual solicitó se confirme en todos sus términos la pena de 22 años de prisión en contra de N.M.M..
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Emergencia climática: El Gobierno Provincial denunció a los fiscales que pidieron el sobreseimiento de ex funcionarios investigados
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Por instrucción precisa del Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Dr. Adrián Cabral y el Dr. Marcelo Crettón por su ‘mal desempeño en sus funciones’ en la causa de la Emergencia Climática ocurrida en 2017.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucchelli.
Importante perjuicio económico y moral a la provincia
El sobreseimiento de ex funcionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro Rivadavia durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro Rivadavia con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
